Santo Domingo.- La Ley 1-24 que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), debe ser reformada de inmediato para que incluya de manera expresa la obligación de los agentes de que pretendan la entrega de información, de obtener la autorización judicial correspondiente, afirmó hoy Participación Ciudadana.
Ajuicio de la entidad, ley no debe dejar espacio para interpretaciones, en un tema tan sensible como el derecho a la intimidad y la libertad de expresión e información, incluyendo la protección del secreto profesional y la cláusula de conciencia del periodista, así como la protección de sus fuentes.
«De no ser reformada estamos convencidos de que el Tribunal Constitucional confirmará la interpretación correcta en protección de los derechos fundamentales:, explicó PC.
Resaltaron que entienden la preocupación que ha despertado este tema, sobre todo cuando, «de manera no transparente ni legal, se cambió en el trámite legislativo, la redacción del artículo 11 que incluía la autorización previa de un juez, sustituyéndola por la ambigua frase de obtener la información “con las limitaciones y observaciones establecidas en la Constitución de la República y las leyes sectoriales.”
Resaltaron que se trata de un tema de derechos fundamentales no puede haber espacio para la ambigüedad, aun descansando en las disposiciones del artículo 74.4 constitucional que dispone que “los poderes públicos interpretan y aplican las normas relativas a los derechos fundamentales y sus garantías, en el sentido más favorable a la persona titular de los mismos.”
