El recurso de apelación fue depositado en la secretaría del Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, por el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho y la coordinadora de litigación Mirna Ortiz.
Ahora, el expediente deberá ser remitido al presidente de las Cámaras Penales del Distrito Nacional, Julio César Canó Alfau, quien apoderará a una de las tres salas penales de la Corte, que deberá ratificar la decisión o, por el contrario, ordenar la celebración de un nuevo juicio.
Entre los argumentos que tomó el Ministerio Público para apelar la sentencia del tribunal se encuentran en que las declaraciones que hicieron las juezas Arlín Ventura Jiménez (presidenta), Leticia Martínez Noboa y Milagros Mercedes Ramírez Cabrera, se observa contradicciones de argumentaciones que el Ministerio Público dice no compartir.
El tribunal declaró no culpables al mayor general retirado Pedro Rafael Peña Antonio, exministro de Defensa; al coronel Carlos Piccini Núñez, exdirector de Proyectos Especiales de la Fuerza Aérea Dominicana (FAD), y al empresario Daniel Aquino Hernández, así como a las firmas 4D Business Group y Magycor.
Se recuerda que el dictamen presentado el pasado 3 de mayo, el Ministerio Público pidió al tribunal la imposición de 10 años de prisión para Peña Antonio, Piccini Núñez y Aquino Hernández, por la comisión de los delitos que les fueron imputados. Igualmente, solicitó el pago de una multa consistente en US$7 millones.
También, contra cada una de las compañías solicitó el pago de una multa de 100 salarios mínimos.
La Pepca acusó al grupo de violar varios artículos del Código Penal Dominicano, la Ley 448-06, sobre Soborno en el Comercio y la Inversión, y la antigua Ley 72-02, sobre Lavado de Activos.
El proceso se inició en 2016 y posteriormente se presentó la acusación en 2017.
La empresa Embraer, que admitió la entrega de sobornos, fue condenada en 2018 al pago de 7 millones 40 mil dólares al Estado dominicano.
Las indagatorias de este caso abarcaron el rastreo de transferencias de dinero en el país y en el exterior, análisis y verificación de patrimonios, examen a movimientos de cuentas bancarias, así como la localización e indagatoria sobre el origen de bienes.
