SANTO DOMINGO.- Tres horas antes de que venciera el plazo que le otorgó el Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, el Ministerio Público presentó la mañana de este miércoles acusación formal contra el general Adán Cáceres, la Pastora Rossy Guzmán y otros implicados en el caso Coral.
La instancia, que fusiona los expedientes de los casos Coral y Coral 5G, incluye 48 imputados y cuenta «con 3,268 páginas, más de 3,500 pruebas, más de 4000 pruebas testimoniales».
El expediente fue presentado por Mirna Ortiz, coordinador de litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), ante la oficina coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional.
Ortiz llegó acompañada de los fiscales María Melenciano, Emmanuel Ramírez, Miguel Collado, Jonatan Pérez y Arolin Lemos.
Además de Cáceres y la pastora Guzmán, en expediente fuiguran un hijo de la religiosa, el cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán, el coronel Rafael Núñez de Aza, el sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz y Raúl Alejandro Girón Jiménez.
De acuerdo con la representante del Ministerio Público, «hay nuevos imputados, personas físicas y jurídicas», por lo que podrían producirse nuevos arrestos.
El grupo está acusado de defraudar 4,000 millones de pesos al Estado y de haber adquirido bienes por 2,000 millones de pesos «fruto de lo sustraído» en el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), que dirigía Cestur, y en el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), a cargo de Torres Robiou.
Pero también, afirmó Ortiz, recursos sustraídos del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), institución que estuvo dirigida entre abril y agosto de 2020 por Greybby Cuello, esposa del general Torres Robiou.
Según las investigaciones, el Cestur y el Cusep incluían en sus nóminas a personas que no prestaban servicio, pero cobraban, aunque en realidad el dinero terminaba en manos de los altos mandos de esos organismos.
Al grupo se le imputan los delitos de asociación de malhechores, estafa contra el Estado dominicano, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, lavado de activos provenientes de actos de corrupción y porte y tenencia ilegal de armas de fuego.
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