SANTO DOMINGO.-El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) denunció supuestas irregularidades en el Programa de Bonos Navideños 2024 del Gobierno, tras un análisis de los datos proporcionados por el Gabinete de Políticas Sociales. Según el PLD, estas inconsistencias plantean serias dudas sobre la transparencia y eficacia del programa destinado a ayudar a las familias más vulnerables del país.
El PLD observó una discrepancia entre el anuncio del gobierno y la ejecución real del programa. Mientras se había informado de la distribución de 3 millones de tarjetas, los datos oficiales muestran que solo se entregaron 2.6 millones. Además, se habían previsto 400,000 tarjetas adicionales, por un total de 600 millones de pesos, pero aún no se ha especificado a quiénes se destinarán ni cuándo se realizará la entrega.
Desvío de beneficiarios
Otro de los puntos cuestionados es que el 36 % de las tarjetas fueron entregadas a instituciones sin un mandato social, como Bienes Nacionales, la Dirección General de Pasaportes y el INAPA, entre otras. Esto genera dudas sobre si los recursos realmente llegaron a las personas más necesitadas, como se había estipulado inicialmente.
Incongruencias en la gestión
El PLD también criticó la falta de control en la gestión del programa y la ausencia de un registro público de beneficiarios, lo que dificulta verificar si los recursos se distribuyeron de manera eficiente. Además, señalaron que no se cumplió con la normativa que excluía a los militares de alto rango, ya que se asignaron 106,500 tarjetas a este sector.
Propuestas para la mejora de los programas sociales
El PLD propuso reformar el sistema de ayudas sociales, utilizando de manera obligatoria el Sistema Único de Beneficiarios (SIUBEN) para garantizar una mejor focalización. Además, sugieren la creación de una Ley de Programas Sociales que establezca criterios claros, transparencia y rendición de cuentas.
Llamado a la auditoría
Finalmente, el PLD hizo un llamado a la Cámara de Cuentas y a la Contraloría General de la República para que realicen auditorías sobre los programas sociales actuales, con el fin de asegurar que los recursos se gestionen adecuadamente y se cumpla con los principios de transparencia.
