SANTO DOMINGO.- Fue aplazada la audiencia de la operación Calamar debido a que el Ministerio Público presentó este viernes la recusación de la jueza Ana Lee Florimón del caso que se les sigue a exfuncionarios del gobierno vinculados a supuesta red de corrupción.
De acuerdo al juez, Arolin Lemos, la decisión se tomó porque la magistrada tuvo comportamientos parcializados según el órgano persecutor.
Santiago Rodríguez, abogado de José Ramón Peralta, calificó la acción como extremadamente temeraria.
“De esa recusación hay una lógica, y es que lo que no se puede conseguir por la vía de la legalidad se obtiene a través de la temeridad”, indicó Rodríguez.
Mientras que la defensa de Gonzalo Castillo, Laura Acosta manifestó que es una “barbaridad” la decisión del órgano persecutor.
Asimismo, dijo que el Ministerio Público no tiene las pruebas suficientes para sustentar el caso “Esto es una prórroga de facto, como no tengo nada, tengo que recusar a la jueza para tener más tiempo sin que la ley te lo dé”.
“Aquí hay gente que fueron trasladadas desde La Romana porque tienen prisión domiciliaria hasta después de vencer el plazo”, dijo Acosta.
Agregó que: “Esta investigación concluyó el 20 de noviembre, esto es inexplicable”.
La audiencia para dar a conocer la decisión sobre la extensión de plazo para el depósito de la acusación formal fue fijada para el próximo 16 de febrero, a las 9:00 de la mañana
Sobre el caso
El entramado de corrupción distrajo a los contribuyentes más de 19 mil millones de pesos y afectó a instituciones como el Ministerio de Hacienda, la Contraloría General de la República, el Consejo Estatal del Azúcar (CEA), la Dirección General de Bienes Nacionales, la Dirección General de Catastro Nacional y a Oficina de Ingenieros Supervisores del Estado (Oisoe), entre otras.
Entre los vinculados al caso están, el exministro de Hacienda, Donald Guerrero; ex ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta; exministro de Obras Públicas Gonzalo Castillo; ex contralor general de la República, Daniel Omar Caamaño; el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirilo; exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña, y los exdirectores de Casinos y Juego de Azar, Oscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández.
La imputación preliminar del Ministerio Público en contra de los imputados es de asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos y privados, soborno y financiamiento ilícito de campaña a una escala sin precedente, lavado de activos, entre otros.