SANTO DOMINGO.- El abogado Ángel Lockward manifestó este domingo que la resolución de la jueza Kenya Romero se basa en un “Informe de Auditoria” que ha sido declarado falso por el Contralor.
Comunicó que no conoce a los exfuncionarios que menciona la resolución y, todo el mundo sabe que fue el abogado que más pleitos llevó en contra del Gobierno del ex presidente Danilo Medina.
Dijo que el Contralor ha dicho por escrito al tribunal que no había visto, ni firmado, ni tramitado dicho informe, «por el uso de documentos falsos para obtener decisiones judiciales hace unos meses la SCJ desestimó una imputación y la Quinta Sala del TSA condenó a un fiscal que obtuvo la decisión judicial al pago de RD$ 2.0 millones».
«El uso de un documento falso, corrompe toda la diligencia judicial que se haga con la resolución, los demás documentos que la integran, hasta donde puedo ver, son normales de lícito comercio, en relación con los casos que manejó mi oficina, expresó, sobre todo porque la jueza establece que el PEPCA, dice estar apoderado de un Informe, algo que ya sabemos que no es cierto según el Contralor: Eso no se ve ni en Haití y pedir información de 89 personas primero y luego de 206 compuesta por propietarios, abogados, etc. – no es investigar, es afectar los derechos fundamentales, hacer daño, innecesariamente»,explicó.
Comunicó que no conoce a los exfuncionarios que menciona la resolución y, todo el mundo sabe que fue el abogado que más pleitos llevó en contra del Gobierno del ex presidente Danilo Medina «y que a dos de ellos, los demandé, en consecuencia, no hable con ninguno de ellos de los casos de mis clientes, ni estuve en sus despachos o en otros lugares tratándolos y, desde luego, solo puedo hablar de los expedientes que tramité de mis clientes, no del resto».
«Todo abogado y persona común, saben que, si existe una propiedad – en este caso titulada – que el Estado ocupa o declara de utilidad pública por efecto de un decreto o de una ley, conforme a la Constitución y a las leyes 344 y 13-07, corresponde pagarla al Estado, previamente y, en este caso, infelices ante un Estado violador del derecho de propiedad están cobrando – los nietos – 66 y 46 años después», puntualizó.
Agregó que cuando eso se da el Estado puede pagar amigablemente, si hay acuerdo en el precio, para lo que se requiere de una tasación de la Dirección General del Catastro, o con el índice de precios que está en la red, o judicialmente, cuando no hay acuerdo en el precio, en todos los casos que conoce y que eso se cumplió.
«Sobre las cesiones de crédito que mis clientes firmaron haciendo uso de su derecho de disponer libremente, de su dinero, no de dinero del Estado, no me podía oponer ¿Qué abogado se puede oponer a que sus clientes – pobres – busquen medios para agilizar el pago de deudas tan viejas frente a un Estado que no paga?».
Más declaraciones:
En otro orden está mal empleado el termino desfalco y defraudación al Estado puesto que, el Gobierno tenía la obligación de pagar y, los honorarios de los Gestores que se cuestionan, no salieron del Estado, sino del dinero de los propietarios y de los abogados que cedieron parte de sus honorarios, lo que no implica que el Estado no persiga a estos por el pago de los impuestos por su actividad comercial, si no los pagaron: esa es la única defraudación posible puesto que el Estado tiene las propiedades y pago menos de lo que valen en el mercado, subrayó.
Falsamente se ha dicho, además, que las propiedades no se pueden transferir, que algunas tienen litis; primero, las litis no impiden la transferencia y segundo, eso también es mentira.
Por ejemplo, se indicó por falta de conocimiento de la materia que la propiedad de Bernardino Mercedes Parcela 613, parte del Aeropuerto de Las Américas expropiado en 1955, cuyo justiprecio se inició en el 2009 y fue fallado con precio y todo en el 2010, no se podía transferir por una litis y, sin embargo, el Registro de Títulos certifica que sí, que está libre de cargas y de gravámenes.
Nadie duda que haciendo uso de una cifra escandalosa como lo es RD$ 19 mil millones supuestamente defraudado, se asombre a la opinión pública y se monte cualquier día un aparataje policial, como dice la Magistrada German, para las gradas, empero a mediano plazo, eso al Estado puede salir costoso pues cuando se presenten los títulos, contratos de venta y calidades para vender, el que puede demandado y tener que volver a pagar RD$ 50 0 RD$ 60 mil millones, es el Gobierno y, eso debía preocupar al Presidente Abinader y a Miriam German que representan el interés económico del Estado, planteó.
Se quiere asombrar a la gente con la falacia de una cifra estrafalaria, para ocultar el uso de un documento falso como la base de una persecución, que es el escándalo más grande de nuestra historia, pero como abogado soy auxiliar de la justicia y contribuiría en lo que puedo, concluyó.
