osé Cáceres
SANTO DOMINGO. Se le complica la situación legal al empresario
Antonio Espaillat, luego que la Procuraduría General de la Republica informara que está ejecutando diligencias procesales sobre las inversiones E y L, SRL, así como otros bienes e inmuebles, a fin de proteger los derechos de las 232 víctimas mortales, hasta el momento y cientos de heridos, tras el derrumbe del techo de la discoteca Jet Set el pasado 8 de este mes.
Siempre de acuerdo con el Ministerio Publico, en estos momentos, Espaillat estaría en una sola acción directa de blindar sus fortuna y sus bienes, ya que está conscientes de que le lloverían las demandas civiles y penales por el desplome del teco de la discoteca Jet Set el pasado 8 de este mes.
Al parecer su imagen del empresario radiofónico esta muy afectada y que sus movidas y acciones están dirigidas ahora para “blindar su fortuna” y que estas no sean tocadas por las futuras demandas que deberá enfrentar en los tribunales por el caso de las victimas del Jet Set.
Eso dista mucho de lo expresado en su primer comunicado de que daría la cara ante lo acontecido en la discoteca Jet Set el pasado 8 de abril.
La Dirección de Persecución del Ministerio Público, que dirige el magistrado Wilson Camacho, estaría ejecutando varias diligencias procesales sobre las Inversiones E y L SRL, y Jet Set, así como otros bienes de Antonio Espaillat.
Las decisiones estarían enmarcadas en las investigaciones iniciadas tras el desplome del teco de la discoteca Jet Set donde, hasta este momento han fallecido 232 personas y cientos de heridos.
Dijo la Procuraduría que han interpuesto oposiciones a traspasos de bienes que estaban en movimiento.
Siempre de acuerdo al ministerio público, esas medidas buscan proteger los derechos de las víctimas, luego que algunas ya han presentado formales querellas ante el propietario
de la Discoteca.
La pasada semana se dio a conocer que el jurista Jorge Luis Polanco será el abogado de Antonio Espaillat y por esa situación decidió renunciar al caro que tenía el gobierno de recuperar los fondos por corrupción en manos de particulares.