SANTO DOMINGO.- La abogada Ingrid Hidalgo pedirá RD$250 millones como indemnización contra el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, por la mala orientación dada al presidente de la República en el caso Antipulpo, el cual emitió un decreto que, a su entender, debió ser un “poder especial” para que abogados representaran al Estado dominicano.
Hidalgo aseguró que están comprometiendo la responsabilidad patrimonial del mandatario Luis Abinader, ya que él “no tiene la facultad de ser víctima” para constituirse en querellante.
“¿A quién vamos a demandar nosotros?, ¿puede el presidente ser víctima o querellante?, no”, cuestionó la defensora de Paola Mercedes Molina Suazo, una de las imputadas del caso.
Durante los incidentes presentados en el Séptimo Juzgado de Instrucción del Distrito, la doctora solicitó la exclusión del Estado como querellante, debido “a que está representado por el Ministerio Público”, dijo Hidalgo. Al tiempo que resto el empoderamiento de los abogados que conforma el Equipo de Recuperación de los bienes del Estado Dominicano que se constituyó en actor civil contra los imputados ante la falta de pruebas de medios probatorios cuando fu solicitada por el juez.
“El no tan solo debe mostrar los daños, sino también que contabilizar los mismos. Si no depositó pruebas tampoco importa que el juez lo deje aquí porque no tendrá los medios probatorios para demostrar los daños causados al Estado” indicó.
El Estado Dominicano, representado por : Jorge Luis Polanco Rodríguez, Claudia Álvarez Troncoso y Jorge López Hilario, miembros del Equipo de Abogados para la Recuperación del Patrimonio Público (ERPP).
Esto mediante el decreto 22-21, de fecha 13 enero 2021, se constituyó este martes 7 de diciembre en querellante y actor civil ante la PEPCA, con miras de obtener una indemnización por la suma de RD$23,903.46 millones por concepto de los daños y perjuicios de toda índole sufridos por el Estado Dominicano en su condición de víctima, como consecuencia de la violación a la Ley en que incurrió la red de corrupción desmantelada a través de la denominada Operación Anti Pulpo.
