LA PAZ.- Una sentencia que reaviva la polémica en torno de Jeanine Áñez. El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ratificó su condena de 10 años de prisión para la exmandataria de Bolivia por delitos relacionados con el caso ‘Golpe de Estado II’.
El proceso está vinculado con la llegada al poder de Áñez en 2019, cuando Bolivia experimentó una profunda crisis política, y fue formulado por la Fiscalía, el Ministerio del Interior y la Procuraduría General del Estado.
La decisión del TSJ, que inicialmente condenó a la expresidenta interina en junio de 2022, se basa en el argumento de que asumió la Presidencia de manera irregular tras la renuncia de Evo Morales.
La defensa buscó anular la condena mediante un recurso de casación. Uno que fue declarado como «infundado» por el tribunal. Según declaró para EFE uno de los abogados de Áñez, se trató de «la última instancia» a la cual se podía recurrir para anular la condena.
Sin embargo, aseguró que todavía quedan «diferentes recursos que se pueden interponer, como una revisión extraordinaria de sentencia y amparos contra la misma resolución». Entre estas posibilidades también estaría recurrir a instancias internacionales.
El fallo del TSJ provocó reacciones encontradas en Bolivia. Fuerzas oficialistas celebraron la decisión, mientras que la oposición y algunos sectores de la sociedad expresaron preocupación sobre la validez del proceso legal y la situación de la democracia en el país.
“Irregularidades” y otros procesos judiciales
Los abogados de Áñez criticaron las supuestas irregularidades que rodearon el proceso. Una de estas —destacadas por Guillén— es que el TSJ no abordó adecuadamente elementos clave, como el vacío de poder existente durante la crisis de 2019.
Y es que precisamente Áñez argumenta que asumió la Presidencia como segunda vicepresidenta del Senado ante la ausencia de autoridades y el contexto de volatilidad política.