SANTO DOMINGO.- La Suprema Corte de Justicia descargó este jueves a la empresa Vidal Plast SRL de cualquier responsabilidad penal relacionada con la explosión ocurrida el 14 de agosto de 2023 en el centro de San Cristóbal, tragedia que dejó decenas de fallecidos y heridos.
La decisión se produce a dos años del siniestro, donde más de 50 familias afectadas siguen en clamor de que “los verdaderos responsables” sean llevados ante los tribunales.
La explosión ocurrida el 14 de agosto de 2023 causó severos daños materiales—, este jueves la Suprema Corte de Justicia descargó a la empresa Vidal Plast SRL de cualquier responsabilidad penal relacionada con el siniestro.
El cinco de 5 de septiembre del 2024 el Ministerio Público presentó acusación formal y solicitó apertura a juicio contra los imputados por la explosión, que dejó varias víctimas mortales, decenas de heridos, nueve edificios destruidos y varias viviendas afectadas.
La acusación, depositada ante el Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de San Cristóbal, señala a los propietarios de la fábrica:
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Edward Armando Vidal Garrido
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Maribel Sandoval Almánzar
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Mercedes Altagracia Vidal
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La empresa Vidal Plast SRL
El MP sostiene que el siniestro se originó en las instalaciones de la empresa a causa de torpeza, imprudencia, negligencia e inobservancia de reglamentos sobre manejo de plásticos, salud y medio ambiente.
El expediente detalla que ya el 18 de marzo de 2023, cinco meses antes del estallido, se produjo un incidente cuando una chispa alcanzó el área de almacenamiento de plásticos, generando humo tóxico y quemaduras a un trabajador. Este hecho habría sido una señal temprana de irregularidades en el manejo de sustancias peligrosas.
Los bomberos identificaron que el detonante de la explosión fue el químico Autofina-Luporox A 70S (Peróxido Orgánico 5.2), usado en la industria del plástico y almacenado —según la acusación— en un ambiente cerrado, sin acondicionamiento adecuado y junto a residuos plásticos.
La acumulación de gases provenientes del peróxido habría alcanzado un punto crítico el 14 de agosto de 2023, provocando la devastadora detonación.
La acusación del Ministerio Público está sustentada en 128 elementos de prueba: testimoniales, documentales, periciales y audiovisuales.
Los imputados cumplen medidas de coerción por un año, tras la declaratoria de caso complejo emitida el 5 de septiembre de 2023.
Se les acusa de violar:
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El artículo 319 del Código Penal
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La Ley General de Salud 42-01, artículo 153, numeral 2
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La Ley 64-00 de Medio Ambiente, artículos 175 (numeral 7), 176, 183 y 187
