El imputado acudió al tribunal que preside la magistrada Rosalba Onelia Garib, en busca de su libertad. Sin embargo, esa instancia ratificó la medida cautelar en su contra.
Durante la audiencia, Juan Aybar, abogado del acusado, argumentó que su cliente no representaba peligro de fuga, y solicitó que en lugar de prisión, se le imponga presentación periódica, impedimento de salida y una garantía económica de dos millones de pesos.
Mientras que la parte acusadora alegó que, «ante la gravedad del hecho, no hay presupuesto que pueda variar esta medida». Igualmente, calificó cómo inadmisible el recurso de apelación presentado por la defensa y pidió sea rechazado el mismo
«Los presupuestos no han variado para modificar la medida, y además son insuficientes, y lo más importante, el hecho por el que guarda prisión es lo suficientemente gravoso», explicaron.
El diputado Orlando Jorge Villegas, hijo del fenecido ministro, acudió a la audiencia representado por el jurista Miguel Valerio.
«Ese asesino es una amenaza para nuestra familia y para la sociedad», dijo el legislador al tomar la palabra frente al tribunal.
Mientras que el imputado repitió varias veces a su salida que «en este momento no tiene nada que decir».
Finalmente, la instancia judicial decidió ratificar la medida del juez Rigoberto Sena Ferreras, del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, quién el pasado 11 de junio le dictó a Cruz un año de prisión preventiva para ser cumplida en la Cárcel Modelo Najayo Hombres.
De acuerdo con el expediente del órgano acusador, Fausto Miguel Cruz, apodado «Carandai», planificó el asesinato del ministro, porque este se oponía a otorgarle unos permisos para exportar 5,000 toneladas de baterías usadas a través de la empresa Aurum Gavia, S.A.
