El director ejecutivo de la comisión creada por el presidente Luis Abinader para actualizar la legislación vigente sobre la libertad de expresión, aseguró que trabajarán en una iniciativa que tenga la característica de ser un proyecto integral.
“Qué quiere decir esto, un proyecto que ciertamente proteja la libertad de expresión, pero que entienda que esas libertades de expresión e información se configuran frente a otros derechos igualmente tutelados por la Constitución, específicamente derecho al honor, al buen nombre, la intimidad, y a la propia imagen, en esa relación de peso y contrapeso, de equilibrio”, explicó el doctor Namphi Rodríguez.
Agregó que la Comisión Consultiva para la Libertad de Expresión debe sugerir un proyecto de ley que sea el producto del consenso de todos los actores del sistema de opinión pública del país, pero además que pueda poner estos derechos en una relación de equilibrio sin afectar la libertad de expresión que es un derecho fundamental y esencial para el debate público del país.
Aclaró que quienes se exponen a la vida pública, no solamente desde el ámbito de la administración, también desde el periodismo, el deporte, el mundo del arte y la vida empresarial, tienen un nivel de exposición y de cuestionamiento mayor que el de una persona que preserva su vida en la privacidad familiar.
“Eso no quiere decir, que quienes se exponen a la vida pública, no tengan derechos como intimidad, honor y propia imagen, sino que esos derechos tienen que tolerar un nivel de cuestionamiento mayor”, aclaró.
Namphi recordó que el Tribunal Constitucional en su sentencia 0075-16 estableció que debido a esa situación de cuestionamientos públicos sobre los funcionarios y las personas que detentan función estatal, en República Dominicana los delitos de persecución de difamación en injurias no van aparejados de pena de privación de libertad cuando atañen a funcionarios públicos.
“Sin embargo cuando estos delitos se producen entre particulares, ciudadanos comunes, si se preservas un sistema de responsabilidad penal donde se incluye como pena la prisión”, explicó el jurista y académico.
Rodríguez dijo que se ha ido asumiendo la necesidad de que la crítica pública, el discurso político sea especialmente protegido y tutelado por el ordenamiento jurídico, porque esa actividad, ese cuestionamiento a quien desempeña función pública, implica la transparencia en el manejo de los fondos públicos.
Namphi prometió que la Comisión que coordina, y ya lo han discutido, tienen contemplado producir los vasos comunicantes, para que todos los esfuerzos que se han hecho en el pasado, en pos de tener una legislación en materia de libertad de expresión y difusión, sacar lo mejor de todos ellos para el proyecto de ley a la luz de dos realidades.
“Primero la realidad de las redes sociales que sería lo nuevo respecto del tema, en el sentido de que no se puede pensar ninguna legislación en materia de libertad de expresión sin tomar en cuenta todas las complejidades de las redes sociales, y segundo la jurisprudencia que ha producido el TC con alrededor de diez sentencias sobre libertad de expresión, por ser vinculantes a todos los poderes públicos”, acotó el jurista.
En otro orden, Rodríguez quien fue el accionante ante el TC para que se declare no conforme con la Constitución el voto electrónico, dijo que pidió al Tribunal que valorara si el derecho al voto secreto y directo es compatible con el voto electrónico, y el tercer elemento solicitado fue la posible exclusión de grandes masas de personas rurales, de la tercera edad, analfabetas funcionales y formales, cuál es el impacto que ese sistema tiene en esos extractos poblacionales.
