Santo Domingo,- El coordinador general de Participación Ciudadana advirtió que es injustificable cualquier procedimiento de compras y contrataciones en instituciones públicas, que se haga al margen del mandato de lo que establece la ley 340-06 que rige la materia.
Joseph Abreu dijo que se justifican los cuestionamientos que se están haciendo desde los medios de comunicación a los millonarios contratos que está obteniendo el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en compras y contrataciones de bienes y servicios, lo que se ha extendido a la construcción del edificio que alojará las oficinas del Defensor del Pueblo.
Sobre este último caso, Abreu sostiene que si los recursos para edificar dicha obra provienen del organismo internacional ya ese es otra cosa, pero si son recursos públicos, es obligatorio acogerse a lo que establece la ley y la Constitución de la República en ese sentido.
Entrevistado por Héctor Herrera Cabral en el programa D´AGENDA que cada domingo se difunde por Telesistema Canal 11 y TV Quisqueya para Estados Unidos, el dirigente del movimiento cívico no partidista dice que debe ser revisado cualquier institución que esté sometiendo un proceso al margen de la ley.
Agregó que la misma ley de Compras y Contrataciones hace la salvedad de los distintos procesos para adquirir bienes y servicios con recursos del Estado, y en tal virtud ningún organismo nacional o internacional tiene facultad para actuar al margen de lo que establece dicha norma.
“En términos generales yo creo que toda utilización de fondos públicos debe estar sometido al marco legal y al marco constitucional, cualquier edificio, en este caso el edificio de la Defensoría del Pueblo, o cualquier proceso de compra o contratación que haga un ayuntamiento, gobierno local o central, independientemente de quien se asesore, debe estar en el marco normativo de la ley de Compras, y el procedimiento debe hacerse por esa norma”, insistió Joseph Abreu.
Sostuvo que “si no se hace, está bien los cuestionamientos que está haciendo los medios de comunicación, y entendemos que, también, debe ser revisado cualquier institución que esté sometiendo un proceso al margen de la ley, o sea eso no se puede justificar, independientemente quien lo esté haciendo, ya sea el PNUD o cualquier organismo que vulnere este marco legal sobre el cual deben aplicarse las compras y las contrataciones públicas”.
El coordinador general de Participación Ciudadana insistió que el mandato de la norma es muy claro en lo relativo a las compras de mobiliario y las obras públicas de construcción, que tienen que realizarse conforme a la ley 340-06.
“O sea que no se puede alegar que es una contratación que está exenta del marco de la ley, o pueden estar exentas a diferentes niveles de rigurosidad, porque todas deben hacerse a través del portal de Compras y Contrataciones, y deben garantizar los principios fundamentales de la ley de transparencia, y de libre competencia”, aclaró.
Indicó que, lo que pueden ir relajándose son los procedimientos, y los plazos, que puede ser si se hace mediante una licitación pública, o compra menor directa, si es una subasta inversa, ya eso varía en función del nivel, el volumen y los parámetros.
Recalcó que, al margen de las salvedades que tiene la misma ley, ningún organismo local o internacional tiene la prerrogativa de transar compras y contrataciones de bienes y servicios, dentro de ellos construcción de edificaciones, fuera de los límites de la norma, y si lo hiciera la estaría violentando.
