SANTO DOMINGO.-El presidente de la Confederación Autónoma Sindical Clasista (CASC), Gabriel del Río Doñé, anunció que el movimiento sindical impulsará acciones en 2027 para reclamar aumentos salariales y de pensiones que respondan al costo de la vida. Durante la misma intervención, señaló la informalidad y la situación migratoria vinculada a la crisis haitiana como parte de los problemas que enfrenta el país.
Su reclamo parte de una diferencia: aumentar el salario no basta si el ingreso sigue siendo insuficiente para cubrir las necesidades del trabajador.
“Salario por salario no es el problema”, expresó el dirigente, quien pidió que las negociaciones se traduzcan en mejores condiciones de vida para los asalariados.
Del Río puso especial atención en los empleados públicos. Citó pensiones de RD$10,000 y denunció que trabajadores de limpieza y apoyo en hospitales reciben remuneraciones que considera insuficientes.
“No podemos continuar ante esa situación que viven los trabajadores”, sostuvo durante una actividad con representantes de la organización belga WSM, que realiza una visita al país para abordar derechos laborales y protección social.
Para el sector privado, adelantó que promoverán el diálogo para buscar soluciones salariales. Su planteamiento llega después del aumento del 20 % nominal aplicado en dos etapas al salario mínimo privado no sectorizado, cuya segunda fase entró en vigor en febrero de 2026. Ese ajuste no comprende las remuneraciones del sector público que cuestionó el sindicalista.
La contratación también entra en la discusión
Dentro de su diagnóstico, Del Río señaló el peso del empleo informal y afirmó que la situación migratoria repercute en la economía dominicana.
Al referirse a Haití, vinculó los desplazamientos con la violencia de las bandas y rechazó que el fenómeno pueda describirse como una migración habitual.
“No hay una inmigración normal”, manifestó, antes de calificar la situación como “una invasión prácticamente de un pueblo a otros pueblos”.
El vínculo laboral entre ambos temas pasa por cómo se contrata, cuánto se paga y qué protección recibe quien trabaja. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha documentado que una gran proporción de los trabajadores migrantes en República Dominicana labora en la informalidad y que la irregularidad migratoria limita su acceso a seguridad social, protección frente a accidentes y pensiones.
La preocupación por las diferencias salariales tampoco es nueva para las centrales sindicales. En el seguimiento al cumplimiento del Convenio sobre trabajadores migrantes, la OIT recoge señalamientos de la CASC, el CNUS y la CNTD sobre remuneraciones inferiores para trabajadores extranjeros, principalmente haitianos, respecto de los nacionales en la construcción.
Así, la discusión sobre mejores salarios también alcanza las condiciones de contratación y el cumplimiento de las obligaciones de los empleadores: una parte del mercado está sujeta a aumentos, cotizaciones y garantías laborales, mientras otra desarrolla sus labores fuera de esas protecciones.
Las declaraciones de Del Río se producen en medio del reforzamiento de la vigilancia fronteriza ante la violencia en Haití. La Presidencia informó este lunes que unos 11,000 militares permanecen desplegados en la frontera.
En el ámbito sindical, el dirigente situó su próxima demanda en el ingreso de quienes trabajan y de quienes ya se retiraron. Pidió que la revisión alcance tanto al sector privado como al público y que el resultado pueda medirse en la capacidad de las familias para sostenerse, más allá del porcentaje anunciado en una negociación.
