SANTO DOMINGO.-El Consejo del Poder Judicial (CPJ) anunció que el edificio de las Cortes del Distrito Nacional será clausurado antes del 30 de mayo de 2025, como parte del proceso de reubicación de los servicios judiciales que allí se ofrecen, debido a riesgos estructurales detectados en evaluaciones técnicas.
El anuncio fue realizado tras una sesión extraordinaria del CPJ, en la que se aprobó un plan para finalizar el traslado de los servicios judiciales que operaban en ese inmueble. Entre las medidas adoptadas se contempla el uso intensivo del trabajo remoto, así como la reubicación del personal de apoyo y los jueces en el edificio del Registro Inmobiliario.
Según se detalla, las audiencias se trasladarán a espacios disponibles en el Registro Inmobiliario y los servicios secretariales serán atendidos desde la Suprema Corte de Justicia. También se prevé la instalación de centros híbridos en dicha corte para atender las gestiones administrativas afectadas por el cierre.
La clausura responde a un Estudio de Vulnerabilidad Estructural realizado en 2021 por la empresa Epsa-Labco, el cual identificó un riesgo latente en caso de sismos. Desde entonces, el Poder Judicial inició gestiones ante entidades como el Ministerio de Obras Públicas, la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica, la Oficina de Patrimonio Cultural Monumental y el Ayuntamiento del Distrito Nacional, con el fin de obtener valoraciones y recomendaciones técnicas.
Entre 2022 y 2025, el Poder Judicial ha ejecutado medidas para facilitar la transición, incluyendo la extracción progresiva de archivos, con el traslado de 14,200 cajas, y la implementación de herramientas digitales tras la aprobación de la Ley 339-2022, que promueve el uso de medios digitales en la justicia.
Además, en octubre de 2023 se presentó ante la Dirección General de Alianzas Público-Privadas el proyecto para una nueva Ciudad Judicial que sustituirá la actual infraestructura.
En diciembre de 2024 se formalizó un acuerdo de cesión de terrenos con la Dirección General de Bienes Nacionales y el Ministerio de Energía y Minas, mediante el cual varias edificaciones —incluido el Registro Inmobiliario, el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central y la Dirección General del Catastro Nacional— pasarán a ser administradas por el Poder Judicial, facilitando nuevas soluciones de infraestructura.
Mientras se completa la entrega del edificio del Catastro, los servicios han sido movilizados de manera provisional al Registro Inmobiliario, a pesar de las limitaciones de espacio, priorizando la seguridad del personal.
El Poder Judicial hizo un llamado a los usuarios del sistema a utilizar los canales digitales disponibles para reducir inconvenientes durante esta reubicación temporal.