Por Johnny Arrendel
El caso de la mansión atribuida a Milton Morrison en La Florida es un escándalo que sacude la confianza en el gobierno dominicano y exige una respuesta inmediata, contundente y transparente.
La compra de una propiedad valuada en US$837,500, equivalente a más de 65 millones de pesos dominicanos, por parte del director del INTRANT y presidente de País Posible, sin revelarla en su declaración jurada de bienes, levanta serias sospechas de enriquecimiento ilícito y posible corrupción.
Esta omisión, según la Ley 311-14, podría acarrear penas de 1 a 2 años de prisión, multas e inhabilitación pública y el silencio de Morrison solo agrava las dudas sobre la legitimidad de los fondos utilizados.
El gobierno no puede permitirse titubear. La Comisión de Ética e Integridad Gubernamental, dirigida por Milagros Ortiz Bosch, debe actuar con celeridad para investigar este caso y garantizar que no se convierta en otro capítulo de impunidad.
El Ministerio Público, liderado por la procuradora Yeni Berenice Reynoso, tiene la obligación de abrir una investigación exhaustiva de inmediato.
Precisamente, Yeni Berenice, conocida por su firmeza contra la corrupción de otros gobiernos, debe impulsar este proceso con la misma determinación que ha mostrado en casos como Medusa o Calamar.
No basta con discursos; se necesitan acciones concretas: el bien debe ser confiscado provisionalmente hasta que se esclarezca su origen, y Morrison debe ser suspendido de su cargo en el INTRANT mientras se investiga.
La ciudadanía, indignada en plataformas digitales y redes sociales, exige respuestas claras y no tolerará encubrimientos.
Morrison debe explicar, sin evasivas, cómo adquirió esta lujosa propiedad en Weston, Florida, y por qué la ocultó, especialmente considerando que la compra ocurrió en 2021, cuando era administrador de Edesur, y que la transferencia a una empresa en Delaware por solo US$10 plantea serias sospechas de maniobras para encubrir el origen del dinero.
La falta de transparencia en este caso no solo compromete a Morrison, sino que mancha la credibilidad del gobierno del PRM, que se jacta de combatir la corrupción.
Si no se actúa con severidad, este escándalo alimentará la percepción de que los funcionarios pueden enriquecerse impunemente bajo este gobierno.
La procuradora Yeni Berenice Reynoso debe tomar las riendas con urgencia.
La ciudadanía espera que el Ministerio Público, con su historial de perseguir la corrupción, demuestre que nadie está por encima de la ley.
Si Morrison no puede justificar el origen lícito de esos fondos, debe enfrentar todo el peso de la justicia, incluyendo la confiscación definitiva de la propiedad y las sanciones penales correspondientes.
El gobierno dominicano no puede permitirse más escándalos que erosionen la confianza pública.
¡Actúen ya, sin contemplaciones, o el pueblo lo demandará en las calles!
