Santo Domingo.-La abogada Anny Guzmán afirmó que existen legales que persisten en el ordenamiento jurídico dominicano en materia de protección de niños, niñas y adolescentes, particularmente en los casos de abuso físico y abuso sexual.
Guzmán explicó que el sistema jurídico dominicano cuenta con normas importantes de protección. Sin embargo, existe una brecha cuando se trata de sancionar el incumplimiento del deber de cuidado, vigilancia y protección.
«Este deber es responsabilidad no solo de los padres y tutores, sino también del Estado y la sociedad», indica.
La jurista señaló que la Ley 136-03, Código para la Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, establece de manera expresa deberes parentales. También fija consecuencias jurídicas frente a su incumplimiento, como ocurre en los casos de omisión de asistencia alimentaria o de desconocimiento del régimen de visitas. Esto evidencia que el legislador ya ha reconocido la necesidad de sancionar conductas que afectan los derechos fundamentales de los menores.
No obstante, advirtió que ese mismo marco normativo no cierra de forma expresa el vacío legal existente cuando se incumple el deber superior de proteger. Esto permite a conductas omisivas graves, como no prevenir, no denunciar o no intervenir frente a situaciones de riesgo o abuso, queden sin una respuesta penal clara y proporcional.
