SANTO DOMINGO.-El movimiento no partidista Participación Ciudadana (PC) reclamó este lunes a las autoridades investigar todos los casos de alegados intercambios de disparos entre civiles y agentes de la Policía Nacional, después que se anunciara un proceso para aclarar la muerte de cinco hombres en Santiago a manos de miembros de la uniformada la semana pasada.
En un comunicado, PC señaló que las investigaciones “deben siempre ser efectuadas por fiscales con la colaboración del Ministerio de Interior y la Policía Nacional, y los resultados de tales investigaciones deben ser dados a conocer en un tiempo razonable y de existir responsabilidad penal, los responsables deben ser sometidos a la acción de la justicia”.
“Para nadie es un secreto que la eliminación de personas bajo un alegado intercambio de disparos no es otra cosa, en muchos de los casos, que la implementación de una política pública que ha prevalecido en todos los gobiernos, sin consecuencias para los responsables”, precisó.
Esta política, añadió, “es inconstitucional e ilegal, y convierte a los agentes del orden en juez y ejecutor, aplicando una pena de muerte que no existe en nuestro país, bajo el falso argumento de control de la criminalidad, que transforma a esos agentes en criminales”.
Cifras citadas por Participación Ciudadana señalan que 170 personas murieron en intercambios de disparos hasta el 5 de septiembre, superando en 18 los casos ocurridos en el mismo período en 2024.
El Informe de Latinobarómetro 2024 sitúa a la República Dominicana en primer lugar, junto a Bolivia, en violencia desde el Estado con un 21% y Chile con el mejor promedio con 4%, siendo el promedio latinoamericano de 14%.
PC recordó que las investigaciones de estos casos estuvieron por muchos años en manos de la propia Policía, y señaló que lo ocurrido en Santiago “debe servir para cambiar la impunidad que prevalece en este tipo de casos y no solo en este asunto puntual, sino en cualquier ocasión en que una persona pierda la vida de manos de miembros de la Policía Nacional”.
Corresponde a la procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, con la colaboración de la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, “diseñar y aprobar las políticas públicas necesarias para garantizar que estas investigaciones se realicen puntualmente en todos los casos y sus resultados sean dados a conocer, y si alguien ha comprometido su responsabilidad penal, sea sometido a la acción de la justicia y se aplique el régimen de consecuencias correspondiente”, concluyó la entidad de la sociedad civil.