SANTO DOMINGO.-La Cámara de Cuentas informó este lunes que reforzó el equipo de peritos que realiza las auditorías forense y financiera a la pasada administración del Seguro Nacional de Salud, encabezada por su exdirector Santiago Hazim, quien permanece detenido por su supuesta vinculación al fraude millonario a esa ARS estatal.
Francisco Tamárez Florentino, miembro del Pleno del órgano fiscalizador de los recursos del Estado, enfatizó que “en el SeNaSa se hizo una auditoría al período pasado (2017-2019); tenemos en curso una auditoría financiera y actualmente estamos terminando una auditoría forense, para satisfacer inquietudes de la ciudadanía”.
“Estamos trabajando a toda máquina, con tal de emitir esos resultados a la brevedad posible. Se trata de una auditoria especial que será agilizada lo más que se pueda”.
Ocho detenidos
Según informó la Procuraduría, las personas arrestadas durante los doce allanamientos ejecutados por veinticinco fiscales y más de doscientos agentes de la Policía Nacional son:
· Santiago Marcelo F. Hazim Albainy
· Gustavo Enrique Messina Cruz
· Germán Rafael Robles Quiñones
· Francisco Iván Minaya Pérez
· Eduardo Read Estrella
· Cinty Acosta Sención
· Ramón Alan Speakler Mateo
Los delitos
El Ministerio Público presentó este domingo el conjunto de delitos que se imputan a los involucrados en el presunto fraude millonario al Estado utilizando el Seguro Nacional de Salud (Senasa), una estructura que, según las autoridades, operó durante más de cuatro años desviando fondos destinados a la atención médica de miles de afiliados.
Entre los cargos formulados figuran coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, cobro de soborno, estafa contra el Estado dominicano, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos, todos vinculados a un esquema de corrupción que habría funcionado desde la propia administración de la ARS estatal, con el apoyo de funcionarios y prestadores de servicios.
El Ministerio Público indicó que las evidencias recopiladas muestran sobornos a gran escala, adulteración de estados financieros, programas sin sustento legal utilizados para distraer recursos y maniobras fraudulentas sistemáticas, que afectaron directamente el presupuesto destinado a servicios de salud.
