Por: Nairoby Ureña
SANTO DOMINGO.-En las montañas de San Juan de la Maguana, tierra de Dios y la cual ha sido históricamente sinónimo de sustento y arraigo campesino, hoy se dibuja un nuevo escenario de tensión.
La posible explotación de la mina Romero por parte de GoldQuest Mining Corp. ha colocado a la provincia en el centro de un debate que trasciende lo local. No se trata solo de un proyecto minero: es una discusión sobre el modelo de desarrollo que se quiere impulsar en una de las regiones más fértiles del país.
Desde el año 2015, la empresa ha promovido su proyecto subterráneo Romero como una oportunidad para dinamizar la economía, generar empleos y atraer inversión. Sin embargo, para muchos habitantes de San Juan, estas promesas no logran disipar las preocupaciones sobre los efectos a largo plazo.
La riqueza de la provincia no se mide únicamente en minerales, sino en sus ríos, su producción agrícola y la vida que depende de ellos. Es precisamente ahí donde surge la interrogante: ¿puede la minería coexistir de manera segura con este ecosistema?
El mapa presentado por la empresa, que detalla las áreas de intervención, ha intensificado el debate entre comunidades, autoridades y sectores ambientales. Mientras algunos ven en el proyecto una vía hacia el progreso económico, otros advierten sobre posibles daños irreversibles, especialmente en las fuentes hídricas.
La experiencia de zonas como Cotuí, donde la minería ha dejado huellas profundas, es constantemente citada por comunitarios que temen repetir una historia similar en San Juan.
Así, la discusión sobre la mina Romero no es simplemente técnica ni económica: es profundamente social. Entre la promesa de desarrollo y el riesgo ambiental, la provincia se enfrenta a una decisión que marcará su futuro por generaciones.