SANTO DOMINGO.- El exdirector ejecutivo del Seguro Nacional de Salud (SENASA), Santiago Marcelo Hazim, notificó a la Cámara de Cuentas que enfrenta una imposibilidad material para responder y presentar sus descargos frente al Informe Preliminar de Investigación Especial realizado a la institución durante el período 2020-2025.
La posición fue comunicada al órgano fiscalizador por el abogado Miguel Valerio Jiminián, quien asumió la defensa de Hazim. Mediante una comunicación fechada el 7 de septiembre, el jurista explicó las dificultades que enfrenta su representado para acceder a la documentación necesaria para analizar las observaciones contenidas en el informe.
Según Valerio Jiminián, la situación de reclusión de Hazim en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Las Parras le impide tener acceso directo a archivos, registros financieros y sistemas informáticos que considera indispensables para revisar y sustentar sus respuestas a los hallazgos de la auditoría.
El abogado señaló que el plazo normativo de 30 días hábiles otorgado para responder al informe preliminar vence en los próximos días, por lo que atribuyó la falta de descargos a las limitaciones objetivas derivadas de la privación de libertad de su cliente.
Valerio Jiminián invocó el artículo 69 de la Constitución, relativo al debido proceso y al derecho de defensa, al considerar que exigir explicaciones o precisiones sobre documentos a los que Hazim no tiene acceso podría afectar sus garantías fundamentales.
Asimismo, sostuvo que la Cámara de Cuentas ha tenido acceso a documentos e informaciones suministrados por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), mientras que su representado no dispone de un acceso equivalente a esas fuentes.
La defensa aclaró que la imposibilidad de presentar una respuesta personal al informe no constituye una aceptación de los hallazgos, una admisión de responsabilidad ni una renuncia a los medios de defensa que le corresponden dentro del proceso penal que enfrenta.
Hazim permanece privado de libertad desde el 11 de diciembre de 2025, cuando le fue impuesta una medida de coerción de 18 meses de prisión preventiva, decisión que posteriormente fue confirmada el 4 de febrero de 2026.
