Por José Cáceres
SANTO DOMINGO. El abogado también cuestionó los intercambios de disparos en los que han muerto jóvenes señalados por presuntos hechos delictivos y advirtió que las autoridades podrían enfrentar consecuencias judiciales, al tiempo que alertó que en una nación con régimen de consecuencias, el presidente Luis Abinader y el Director de la Policía pudieran ver comprometido su responsabilidad por las muertes de decenas de jóvenes en las calles en los famosos “intercambios de disparos”, al afirmar que fue el propio Abinader que dio luz verde a la uniformada a actuar de esa manera cuando habló de darle “29” a los que riñen con la ley.
Asimismo, declaró de manera escueta sobre el caso de la familia de fenecida Seneida Castillo, del caso de Julian Oro Duro, que sacudió al país, que está esperando que el Ministerio Publico le responda sobre su solicitud de que se inicie una nueva línea de investigación del caso, ya que pudieran aparecer una quinta persona, masculina o femenina. “No estoy acusando a nadie, solo espero la respuesta y por eso no estoy dando declaraciones a la prensa”, insistió.
“Como dice el pueblo, todo es “asigun”, eso fue un error del presidente Abinader pedir darle 29 a jóvenes con problemas con la ley, por eso el Director de la Policía tiene luz verde para actuar. Yo prefiero pagar el precio de la democracia y para eso es que el pueblo paga sus impuestos para procesar a las personas en la justicia si se comprueba sus hechos”, recalcó.
Jáquez hizo la revelación al ser entrevistado por el periodista Héctor Herrera Cabral en el programa “De Entero Crédito”, que se transmite diariamente a las ocho de la noche por RNN, canal 27.
Reveló que este viernes agotará un turno durante la continuación del proceso judicial por la tragedia de la discoteca Jet Set, en el Palacio de Justicia, donde solicitará la variación de la calificación jurídica de homicidio involuntario atribuida a los hermanos Espaillat, al considerar que han surgido nuevos elementos que, a su juicio, comprometen aún más sus responsabilidades en el caso.
El jurista explicó que su solicitud estará fundamentada en elementos que, según afirmó, han aparecido durante el desarrollo del proceso y que entiende deben ser tomados en cuenta al momento de establecer las responsabilidades penales correspondientes por la tragedia ocurrida el 8 de abril de 2025.
Recordó que el desplome del establecimiento provocó la muerte de más de 233 personas y dejó cientos de heridos, en uno de los acontecimientos más dolorosos registrados en la República Dominicana.
Deplora muertes de jóvenes en operativos policiales
Durante la entrevista, Jáquez deploró los intercambios de disparos en los que han perdido la vida decenas de jóvenes señalados por las autoridades por presuntos hechos delictivos, al sostener que la persecución y sanción de los delitos corresponde al sistema de justicia y no puede convertirse en una justificación para quitarles la vida.
El abogado afirmó que tanto el presidente Luis Abinader como el actual director de la Policía Nacional podrían verse expuestos a acciones judiciales, dependiendo de las circunstancias y de las responsabilidades que pudieran establecerse en cada caso. Manifestó que no está de acuerdo como operan los Derechos Humanos, ya que muchas personas decentes y de trabajo son victimas de muchos antisociales.
Argumentó que la Constitución dominicana no contempla la pena de muerte y cuestionó el uso de expresiones como “muertes legales” para referirse a fallecimientos ocurridos durante actuaciones policiales. “El sistema de justicia en el país no funciona y eso está demostrado, miren que en otros países de la Región las justicias llevan a los tribunales a los delincuentes, el caso de San Salvador”, enfatizó.
Dijo que las muertes de jóvenes en intercambio de justicia no son contabilizados por el Ministerio Publico porque no entra al sistema de justicia, cada caso tiene un número, pero los que caen en intercambios de justicia solo se quedan como muertos y ya, con algunas excepciones. “Aparecen registrado en una morgue como si fuese un accidente”, dijo.
Jáquez sostuvo que las actuaciones de los agentes deben ser examinadas conforme a la Constitución y las leyes, y recordó unas declaraciones públicas atribuidas al presidente Abinader, en las que habría expresado que se pondría en “29” a un supuesto delincuente. A juicio del jurista, esas expresiones deben analizarse en el contexto de las actuaciones policiales posteriores.
“Para eso está el Ministerio Público, los fiscales, los jueces y tribunales, para que esos jóvenes que infringen la ley sean sometidos a la justicia y paguen por sus delitos cuando se les comprueben, pero no darles muerte en las calles”, expresó.
Hay complicidades entre policías y delincuentes
Jaquez dijo que no escondió de que tiene su preocupación por las versiones que circulan sobre supuestas complicidades entre algunos jóvenes vinculados a actividades delictivas y agentes policiales corruptos. Según planteó, en determinados casos podrían producirse muertes para impedir que salgan a la luz informaciones comprometedoras.
Estas afirmaciones fueron expuestas por Jáquez durante la entrevista y constituyen señalamientos que requieren investigación y comprobación por parte de las autoridades competentes. Comentó que todos los casos tienen que recibir el mismo trato, aquí nadie ve como algunos funcionarios, supuestamente, que han cometido actos reñidos con la ley no caen en “intercambios de disparos”, porque reciben otro tratamiento.
Asimismo, sostuvo que, históricamente, algunos miembros de la Policía Nacional se han visto involucrados en hechos contrarios a la ley, entre ellos presuntos casos de sicariato, narcotráfico y asociación de malhechores.
Indicó que existen oficiales superiores que han recibido condenas de prisión de hasta 20 años por hechos delictivos, aunque no identificó durante la entrevista los casos específicos a los que hacía referencia.
“Hay muchos policías que son serios y cumplen con su deber, pero hay muchos que se han desviado de su papel”, agregó el jurista, al establecer una diferencia entre los agentes que desempeñan sus funciones correctamente y aquellos que, según afirmó, incurren en actuaciones ilegales.
Critica a Faride Raful y José Ignacio Paliza
Jáquez criticó duramente las posiciones públicas de la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, y del ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, al considerar que ambos procuran justificar las actuaciones de las autoridades en materia de seguridad ciudadana.
“Una cosa es con guitarra y otra con violín”, expresó el abogado, quien invitó a observar videos disponibles en internet en los que, según indicó, ambos funcionarios criticaban actuaciones gubernamentales cuando el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) estaba en el poder.
El jurista añadió que las posiciones asumidas por los funcionarios deben evaluarse a la luz de sus declaraciones anteriores y de su comportamiento actual frente a las actuaciones policiales cuestionadas.
Con sus declaraciones, Jáquez colocó sobre la mesa dos asuntos de interés público: la determinación de las responsabilidades penales derivadas de la tragedia del Jet Set y el debate sobre los límites constitucionales del uso de la fuerza por parte de los organismos de seguridad del Estado.
