MONTECRISTI.- Ante la demanda de los militares y civiles implicados en la denominada Operación Frontera para que el Ministerio Público les entregue todas las pruebas en su contra por el supuesto tráfico de migrantes haitianos, el juzgado de la instrucción de Montecristi aplazó para el 3 de marzo la audiencia de solicitud de medidas de coerción.
Al salir de la sala de audiencias, varios de los encartados alegaron que la denuncia de la Fiscalía de que forman parte de una supuesta red dedicada al tráfico de indocumentados no es más que una persecución en su contra, por lo que demandaron que la propia procuradora general realice la investigación.
Antes de comenzar la audiencia para el conocimiento de las medidas de coerción, familiares de los detenidos y representantes de una organización de derechos humanos se apostaron a fuera del Palacio de Justicia de Montecristi para apoyar a los presuntos implicados.
Aunque algunos de los manifestantes reconocieron que en el pasado sus parientes detenidos sí se dedicaron al tráfico de indocumentados, aseguran que lo dejaron atrás y que el arresto de solo 16 personas busca ocultar a los verdaderos traficantes.
Para los abogados de la defensa, el Ministro Publicó presentó una solicitud de medidas de coerción de más de 500 página, pero carente de pruebas.
De acuerdo con la Fiscalía, entre los 16 allanamientos realizados mediante la “Operación Frontera”, fueron hallados 24 haitianos, incluidos niños, que presuntamente habían ingresado ilegalmente al país y alojados clandestinamente por los miembros de la banda para luego transportarlos mediantes sobornos a otras partes del país.
El Ministerio Público solicita 18 meses de prisión preventiva y que el caso sea declarado complejo.
