CARACAS.- El mandatario venezolano, Nicolás Maduro, alborotó un avispero dentro del chavismo al someterlo a una purga anticorrupción para “desmembrar mafias enquistadas” en las más altas esferas del poder público, una sacudida que ya se salda con la renuncia de un ministro y las detenciones de dos jueces, un alcalde y un jefe de institución.
El presidente ha subrayado su “absoluta decisión de ir hasta la raíz” de estas tramas, las cuales, aseguró, están incrustadas en el aparato político, judicial y económico, por lo que pidió aplicar “un castigo ejemplar” a quienes estén involucrados en las corruptelas, algunos de ellos ya agarrados “con las manos en la masa”.
Aunque Maduro habla de “importantes empresarios”, jefes de instituciones del Estado, diputados y jerarcas de variada índole implicados, hasta ahora solo se ha confirmado la renuncia del titular de Petróleo, Tareck El Aissami, y los cuatro detenidos, entre ellos, el jefe de la Superintendencia de Criptoactivos, Joselit Ramírez, el más alto funcionario aprehendido.
A esto se suma un comunicado difundido este martes por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en el que informa de “algunos profesionales militares” que cumplían funciones en la estatal petrolera Pdvsa también violentaron el ordenamiento jurídico, otra vez sin precisar el número de señalados ni sus identidades ni rangos.
Diecinueve funcionarios detenidos
Las autoridades venezolanas han detenido a 19 altos funcionarios en el marco de las acciones del Ejecutivo de Nicolás Maduro en su “lucha contra cualquier acto relacionado con la corrupción”, informó este martes el presidente de la Asamblea Nacional (AN/Parlamento), Jorge Rodríguez.
“Hay 19 detenidos hasta el momento y estoy seguro de que vienen más”, dijo el parlamentario durante la discusión en plenaria de un proyecto de acuerdo en respaldo a la “investigación y lucha” contra la corrupción emprendida por el Gobierno.
Por otra parte, la Asamblea Nacional de Venezuela (AN, Parlamento), de contundente mayoría oficialista, levantó la inmunidad al diputado chavista Hugbel Roa, detenido el pasado fin de semana, para que sea sometido a un juicio por corrupción en tribunales ordinarios.
La medida fue aprobada por más de las dos terceras partes del Legislativo, el requisito constitucional para este trámite, en respuesta a una comunicación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en la que se informó del comienzo de un proceso judicial contra Roa, exministro de Educación Universitaria, a solicitud de la Fiscalía.