CARACAS (AGENCIAS).- El Tribunal Supremo de Venezuela (TSJ) convalidó este jueves los resultados de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio en los que se otorgaba la victoria al presidente Nicolás Maduro, pero que son cuestionados por la oposición.
La Sala Electoral del TSJ asumió este caso luego de un recurso interpuesto por Maduro y ordenó hacer un peritaje del proceso electoral.
Venezuela entró en una crisis post electoral luego de que, en la madrugada del 29 de julio, el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Elvis Amoroso, anunció unos resultados que supuestamente se correspondían con el escrutinio del 80% de las actas y que, según afirmó, otorgaban una victoria “irreversible” para Maduro.
El Tribunal Supremo de Venezuela (TSJ) convalidó este jueves los resultados de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio en los que se otorgaba la victoria al presidente Nicolás Maduro, pero que son cuestionados por la oposición.
La oposición, liderada por María Corina Machado, cuestionó esos resultados y afirmó que los datos que tenía en su poder indicaban que el ganador de los comicios había sido el candidato de la opositora Plataforma Unitaria, Edmundo González Urrutia.
Las dudas sobre el proceso se profundizaron en las semanas siguientes debido a que el CNE nunca publicó los resultados desglosados por mesas que permitirían auditar el proceso.
Al mismo tiempo, la oposición publicó pocos días después de la votación una página web con lo que afirma son más de 80% de las actas que pueden ser consultadas por cualquier persona y según los cuales González Urrutia habría obtenido 67% de los votos, mientras Maduro habría logrado el 30%.
El oficialismo en Venezuela afirma que las actas presentadas por la oposición son falsas.
El anuncio del triunfo de Maduro hecho por el CNE fue seguido por una ola de protestas en numerosas ciudades de Venezuela que derivó en una ola de detenciones masivas.
De acuerdo con la ONG Foro Penal hasta este 18 de agosto habían sido detenidas más de 1.500 personas, incluyendo 129 adolescentes y 18 personas con discapacidad.
Al respecto, Maduro ha dicho que el gobierno estaba habilitando dos cárceles de “máxima seguridad” para albergar a los manifestantes, a quienes calificó como “terroristas” y “delincuentes”