Santo Domingo.- La Alianza Dominicana Contra la Corrupción, ADOCCO, presentó ante la Procuraduría de Persecución de la Corrupción Administrativa, PEPCA, una formal Denuncia Penal en contra de: CECILIO ANTONIO RODRÍGUEZ MONTÁS, ex director ejecutivo del Instituto de Bienestar Estudiantil, INABIE, designado mediante decreto No. 399-20 y destituido mediante decreto No. 733-21 del Poder Ejecutivo, por la comisión de actos de corrupción administrativa, durante su gestión, que motivaron su desvinculación, a raíz de decenas de denuncias de irregularidades, en el proceso de adjudicación de la licitación pública nacional para la adquisición de suministro de raciones alimenticias del almuerzo escolar y su distribución en los centros educativos públicos durante el período escolar 2021-2022.
El proceso de licitación que involucró unos 12 mil millones de pesos, estuvo plagado de irregularidades, provocando el reclamo de grupos de suplidores del almuerzo escolar, viéndose algunos obligados a elevar impugnaciones ante la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), por el “cúmulo de errores, incumplimientos y violaciones encadenados que se están cometiendo” no obstante haber sido advertidas de manera anticipada en una consulta escrita y un recurso de impugnación, en los meses de abril y junio del presente año 2021.
Una de las modalidades empleadas por el destituido funcionario, consistía en adjudicarle a suplidores de Monción (Santiago Rodríguez) para que suministraran las raciones en escuelas de Elías Piña y hay casos que son de Valverde y le dieron raciones en Samaná”, en franca violación del acápite que establece en el pliego de condiciones específicas, el criterio de ubicación, para el suministro de raciones alimenticias y su distribución a los centros educativos del INABIE, que dispone “los centros educativos se adjudicarán aplicando el criterio de ubicación establecido en el presente pliego, es decir no podrá adjudicarse a ningún oferente centros educativos que impliquen desplazamientos superiores a 45 minutos desde la unidad productiva (cocina)”.
Eso con el propósito de excluirlos para favorecer a otros, sin las condiciones técnicas y de logística, en unos casos y en otros para forzar a que los que ya tenían la infraestructura, tuvieran que entregarle una ración, provocando un desasosiego a los suplidores que hicieron grandes inversiones, tomando préstamos y compromisos con Impuestos Internos y la Seguridad Social y lo más lamentable, poniendo en riesgo a los estudiantes que reciben los alimentos, por los que el Estado, invierte miles de millones de pesos, proveniente del 4% del PIB, para la educación, por lo que tanto luchamos.
