Santo Domingo. – La Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) valoró la designación de los nuevos integrantes de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y destacó la necesidad de contar con una justicia independiente y eficiente que garantice la seguridad jurídica, fortalezca la confianza de los inversionistas y contribuya al crecimiento económico del país.
El gremio industrial felicitó al magistrado Justiniano Montero Montero, designado presidente del alto tribunal, y resaltó la experiencia y trayectoria profesional de los jueces seleccionados, tanto en la carrera judicial como en el ejercicio privado del derecho.
El gremio también destacó que la diversidad de experiencias de los nuevos magistrados puede contribuir a fortalecer la consistencia de los criterios jurídicos y el funcionamiento del máximo tribunal.
Además de Montero, la asociación felicitó a los magistrados Ylona María de la Rocha Camilo, Diomedes Ydelfo Villalona Guerrero, Amauri Antonio Pimentel Fabián, Arelis Socorro Ricourt Gómez, Antonia Josefina Grullón Blandino y Julio César Emilio Canó Alfau, quienes se incorporan a la Suprema Corte de Justicia.
La AIRD expresó su confianza en que los magistrados pondrán sus conocimientos y experiencia al servicio del fortalecimiento del Poder Judicial y del respeto al Estado de derecho.
Finalmente, la entidad deseó éxitos a los nuevos integrantes del alto tribunal en el ejercicio de sus responsabilidades.
La organización consideró que la combinación de profesionales provenientes del sistema judicial, la docencia y el arbitraje representa una oportunidad para mejorar la calidad de las decisiones judiciales y garantizar respuestas oportunas a los ciudadanos y las empresas.
Industriales destacan importancia de la seguridad jurídica
Seguridad jurídica e inversión en República Dominicana
La AIRD señaló que la aplicación previsible de las leyes y la solución oportuna de los conflictos judiciales son fundamentales para generar confianza y promover las inversiones en República Dominicana.
Asimismo, sostuvo que una justicia independiente y eficiente contribuye a crear condiciones favorables para la actividad empresarial, la generación de empleos y el desarrollo productivo.
