Santo Domingo, D. N.— La Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE) y la Escuela Nacional de la Judicatura (ENJ) socializaron los resultados del estudio: “Análisis económico de la justicia: impacto sobre la inversión y el desarrollo en la República Dominicana”, el cual evidenció los avances del sistema judicial y las necesidades de priorización para reducir el impacto de las deficiencias de la justicia en las personas y las empresas, especialmente las MIPYMES.
La investigación registró que, entre el 51.79 % de los encuestados, el litigio impidió el inicio de un negocio o la venta de una propiedad, lo que da cuenta del impacto en el clima de negocios de la República Dominicana. Además, subrayó una reducción cercana al 10 % en la duración promedio de los asuntos fallados, que pasó de 80.9 a 72.7 días hábiles entre el primer semestre de 2025 y el mismo período de 2026. Esta comparación describe la evolución del promedio de los asuntos resueltos en ambos períodos, cuya composición puede variar.
Los resultados también evidencian las repercusiones económicas de los procesos judiciales: el 52.6 % de los usuarios encuestados declaró haber interrumpido su trabajo y el 48.7 % postergó o modificó decisiones de vida o patrimonio, entre ellas iniciar un negocio. Los hallazgos cualitativos indican, además, que las empresas pequeñas disponen de menor margen financiero y organizacional para sostener procesos prolongados.
El estudio señala además, que solo el 42.06 % de los asuntos evaluados, se falló dentro del plazo legal de referencia. Por categoría de tribunal, las cortes de apelación registraron una duración promedio de 148 días hábiles, mientras que, por materia, los asuntos inmobiliarios alcanzaron un promedio de 165 días hábiles durante el período analizado. La investigación también identifica dificultades en la ejecución de las decisiones, que pueden prolongar los costos económicos aún después del fallo.
Ante estos hallazgos, ANJE propone cuatro prioridades para la nueva etapa de la Suprema Corte de Justicia y del Poder Judicial: primero, aplicar una gestión diferenciada por materia y territorio, con especial atención a la Jurisdicción Inmobiliaria y las cortes de apelación; segundo, fortalecer el sistema de ejecución de las decisiones judiciales; tercero, mejorar la calidad de los registros para medir la duración real de los procesos; y cuarto, impulsar servicios digitales y mecanismos alternativos de resolución de conflictos accesibles para las mipymes.
“Confiamos en que este estudio servirá como un aporte relevante para el diseño e implementación de reformas y políticas públicas en procura de la mejora continua del servicio judicial, pero sobre todo para crear conciencia en la ciudadanía y el empresariado respecto a la importancia que tiene la eficiencia en el sistema de justicia, la cual debe ser comprendida por su impacto sobre la inversión y estabilidad de las empresas, y sobre el bienestar de los ciudadanos”, expresó Boris De León Reyes, presidente de ANJE.
El dirigente empresarial destacó que la eficiencia judicial debe comprenderse por su impacto sobre la inversión y el desarrollo, así como sobre el bienestar y la estabilidad de las empresas y los ciudadanos.
“Evaluar el costo de una actuación judicial no significa ponerle precio a los derechos. Significa reconocer que los recursos son limitados y que administrarlos con racionalidad permite proteger mejor esos derechos. La eficiencia no puede construirse sacrificando garantías. Pero las garantías tampoco deben convertirse en una explicación permanente para la ineficiencia.”, expresó Ángel Brito, director de la Escuela Nacional de la Judicatura.
El Licdo. Además expresó que “este estudio debe ayudarnos a pasar de la intuición a la evidencia. De contar expedientes a comprender impactos. Corregir procesos. Asignar mejor los recursos. Fortalecer capacidades. Y a diseñar políticas judiciales que respondan a las necesidades reales de las personas y de los sectores productivos”.
El estudio “Análisis económico de la justicia: impacto sobre la inversión y el desarrollo en la República Dominicana” contó con un equipo de investigadores de Grupo Pareto liderado por el economista Rolando M. Guzmán, así como por el equipo técnico de la ENJ y de ANJE. La investigación se sustenta en el análisis de 769,823 asuntos fallados entre enero de 2025 y junio de 2026, entrevistas a empresas, abogados y expertos, y una encuesta a 230 personas con procesos judiciales finalizados.
