Santo Domingo – El juez del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Deiby Peguero, aplazó para el próximo 16 de mayo la audiencia preliminar contra todos los encartados en el supuesto entramado de corrupción Antipulpo.
El motivo del aplazamiento se dio para otorgar plazo al Ministerio Público para que reciban las pruebas solicitadas en distintas instancias como la Cámara de Cuentas; y a su vez, para que, la defensa tenga acceso y conocimiento de esas pruebas.
También, influyó la ausencia de dos abogados y la presencia de dos implicados que habían sido declarados en rebeldía.
El Ministerio Público acusa a Alexis Medina de pertenecer a un entramado de corrupción que estafó al Estado con miles de millones de pesos de los contribuyentes, aprovechando su condición de hermano del entonces presidente Danilo Medina.
Alegatos del Ministerio Público
«La defensa ha venido una vez más al tribunal a pedir más tiempo. Porque la cantidad y la calidad de la evidencias tiene la fuerza de un huracán categoría cinco», expresó el procurador adjunto, Wilson Camacho.
Dijo que, el tiempo no va a variar la contundencia de las pruebas.
La defensa
De su lado, el abogado de Alexis Medina, Carlos Salcedo, precisó que el juez ordenó al Ministerio Público entregar las pruebas a la defensa, pero que, a su vez, dijo que esto rompe con lo que establece el artículo 293 del Código Procesal Penal.
Salcedo argumentó que lo que debe hacer el Ministerio Público es depositar ante el tribunal las pruebas.
Asimismo, el representante legal del implicado Fernando Rosa, José Miguel Minier, indicó: «El Ministerio Público le ha vendido un sueño a la sociedad de que va a acabar con la corrupción y la impunidad, pero en la acusación no deposita las pruebas».
Alegó que las pruebas deben ser presentadas para ejercer el debido proceso de contradicción de las mismas.
«Qué ha dicho el tribunal, que nosotros debemos ir al Ministerio Público a buscar esas pruebas, anulando el Congreso de la República, pues el Código Procesal Penal establece que cuando se presenta la acusación, la prueba debe estar en la secretaría del tribunal», sostuvo Minier.
La red Antipulpo
Contra Alexis Medina Sánchez y otras 27 personas físicas imputadas y 21 compañías, el Ministerio Público presentó acusación el 17 de diciembre del 2021, mediante un expediente por corrupción y lavado de activos, de unas 3,500 páginas.
El órgano persecutor también acusa por este caso a Carmen Magalys Medina Sánchez, a quien señala por supuestamente aprovechar sus lazos familiares y su posición de vicepresidenta del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper) para delinquir dentro del entramado de corrupción del que -según el Ministerio Público- fungió como gerente operativo su hermano Juan Alexis Medina Sánchez.
Asimismo, son acusados Fernando Rosa, quien dirigió el Fonper; Wacal Vernavel Méndez Pineda y José Dolores Santana Carmona. También figuran Francisco Pagán Rodríguez, exdirector general de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe), y Aquiles Alejandro Christopher, fiscalizador de esa unidad estatal.
La acusación del caso también incluye a Julián Suriel Suazo, Lorenzo Wilfredo (Freddy) Hidalgo Núñez, quien era ministro de Salud Pública; al excontralor general Rafael Antonio Germosén y a Domingo Antonio Santiago Muñoz.
El Ministerio Público presenta cargos, además, contra las personas jurídicas General Supply Corporation S.R.L., Domedical Supply S.R.L., Fuel América Inc. Dominicana S.R.L., y Globus Electrical S.R.L., entre otras. Había declarado en rebeldía y emitido una orden de arresto contra Paola Mercedes Molina Suazo, pero esta se presentó hoy a la sala acompañada de su esposo y con un avanzado estado de embarazo.
Molina Suazo, incluida en el expediente del caso Antipulpo, es una exasistente del excandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo.
Además, figura como socia y gerente de Ichor Oil, S.R.L, empresa que, supuestamente, transfirió al exterior dinero ilícito del cabecilla de la red, Alexis Medina Sánchez.
La dama, que alegadamente, ya tiene ocho meses de embarazo, se presentó junto a su esposo, el también encartado Carlos Martín Montes de Oca Vásquez, quien desde el año 2012 hasta el 2020 fungió como embajador adscrito al Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex) y también está vinculado a la compañía Ichor Oil, S.R.L
La solicitud de orden de arresto contra la pareja fue notificada al juez por parte del titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, debido a que los implicados fueron citados para asistir a la audiencia preliminar, pero estos no asistieron.
Con su presencia en el día de hoy, tanto de Paola Mercedes Molina, como su esposo, Carlos Monte de Oca, las autoridades desestimaron la solicitud del Ministerio Público.
