Santo Domingo -La Cámara de Diputados creó este martes una comisión especial que tendrá a su cargo estudiar tres propuestas de resolución en las que un grupo de diputados solicita al Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos presentar las pruebas por las que sancionan al Central Romana Corporation.
Esta comisión, que estará presidida por Rogelio Genao Lanza, tiene un plazo para presentar un informe, hasta la próxima sesión de la Cámara Baja, que, según el presidente del organismo, Alfredo Pacheco, podría ser el jueves o el viernes.
Entre las resoluciones está una sometida por el diputado Eugenio Cedeño, representante de La Romana y otra que fue incoada por los diputados reformistas, Rogelio Genao Lanza, Máximo Castro Silverio y Rafaela Alburquerque, entre otros.
Alburquerque había solicitado al hemiciclo que se conociera en la sesión de este día la propuesta presentada por ella, en la que dice que la Cámara de Diputados, a través de esa resolución: “Expresa su apoyo al presidente de la República, señor Luis Rodolfo Abinader Corona, en relación a su posición frente a los pronunciamientos del representante de los derechos humanos ante las Naciones Unidas, en torno a la deportación de los nacionales haitianos indocumentados”.
Al final el presidente de la Cámara de Diputados sometió a votación la unificación de las resoluciones que serán conocidas y aprobadas como una sola resolución en la próxima sesión de la Cámara Baja.
El veto de EEUU
El pasado 23 de noviembre, Estados Unidos informó que sus oficiales de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) detendrían a partir de ese día, los embarques de azúcar sin refinar y los productos a base de azúcar producidos en la República Dominicana por Central Romana Corporation Limited (Central Romana).
El CBP emitió una orden de detención de descargo (WRO en inglés) contra Central Romana «basándose en información que razonablemente indica el uso de trabajo forzoso contra sus trabajadores. La CBP alega que identificó al menos cinco de los indicadores de trabajo forzoso de la Organización Internacional del Trabajo durante su investigación, en particular, abuso de vulnerabilidad, aislamiento, retención de salarios, condiciones abusivas de trabajo y de vida, y exceso de horas extras».
“Esta orden de detención demuestra el compromiso de CBP de proteger los derechos humanos y los estándares laborales internacionales y promover un mercado global justo y competitivo”, dijo Troy Miller, comisionado interino de CBP.
La medida ha sido ampliamente rechazada en el país, tanto por sectores gubernamentales como empresariales y de la sociedad civil.
De hecho, el Gobierno dominicano creó una comisión de ministros para que acompañe al Central Romana para solicitar que EE.UU. revoque veto a su azúcar.
