SANTO DOMINGO.– Los embarazos en adolescentes mantienen una tendencia descendente en República Dominicana, al pasar de 27,476 casos en 2021 a 16,481 en 2025, una reducción de alrededor del 40 %, mientras la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) reconoce la política nacional para enfrentar esta problemática como una de las “prácticas promisorias” de la región.
El dato más reciente de la Oficina Nacional de Estadística (ONE), correspondiente al segundo trimestre de 2026, registra además 137 casos menos que en igual período de 2025, equivalente a una reducción de 3.91 %.
La disminución se produce en el marco de la implementación de la Política de Prevención y Atención a las Uniones Tempranas y el Embarazo en Adolescentes (PPA).
En su informe Matrimonios y uniones infantiles en América Latina y el Caribe: De los datos a la acción pública, la CEPAL identifica la PPA como una experiencia destacable por la articulación entre instituciones, el enfoque territorial y la asignación de recursos específicos para su ejecución.
El organismo resalta la coordinación entre el Gabinete de Niñez y Adolescencia (GANA) y el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI), además de la creación de una Unidad Técnica de Gestión encargada de dar seguimiento y coordinar las acciones de las distintas instituciones involucradas.
Otro de los elementos señalados es la focalización de las intervenciones en territorios con mayores niveles de uniones tempranas, embarazo adolescente y violencia, entre ellos Azua, Boca Chica y San Juan.
El informe también destaca que la estrategia busca superar la dispersión de iniciativas mediante una política nacional con objetivos proyectados hasta 2030, presupuesto protegido y metodologías institucionalizadas.
La evolución de las cifras y el reconocimiento internacional colocan el descenso de los embarazos adolescentes como uno de los principales indicadores para medir el alcance de esta política pública, aunque la reducción sostenida dependerá de la continuidad de las acciones de prevención y atención en los territorios priorizados.
