SANTO DOMINGO.- El Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) expresó este miércoles su preocupación por la intención de modificar nuevamente y de manera urgente la Ley 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, al considerar que este mecanismo debe reservarse para situaciones excepcionales y no convertirse en una práctica recurrente.
A través de un pronunciamiento, la organización empresarial advirtió que la declaratoria de urgencia es una facultad extraordinaria prevista para circunstancias especiales, por lo que su uso frecuente puede debilitar el debate legislativo y limitar la participación de los sectores involucrados.
«Su uso frecuente termina debilitando el debate legislativo, limitando la participación de los sectores interesados y reduciendo oportunidades para construir reformas duraderas», sostuvo el gremio empresarial.
El CONEP señaló que el proyecto para modificar la Ley 225-20 fue introducido este miércoles alrededor de las 3:00 de la tarde y que se pretende conocer bajo el procedimiento de urgencia, apenas meses después de que la legislación fuera modificada mediante un proceso similar en enero de 2025.
La entidad recordó que esa reforma anterior generó amplios debates en distintos sectores y afirmó que todavía están recientes los efectos de aquella modificación, la cual describió como un «golpe de bolsón» debido a la rapidez con que fue aprobada.
En ese sentido, consideró que cuando una reforma compleja requiere ajustes recurrentes en períodos tan cortos, la respuesta institucional no debe ser acelerar nuevamente el proceso legislativo, sino promover espacios de consulta más amplios y una discusión técnica más profunda.
«Cuando reformas complejas requieren correcciones recurrentes, la respuesta no debería ser acelerar más el proceso, sino entender la necesidad de ampliar el diálogo, la consulta y, sobre todo, la deliberación técnica», manifestó el organismo.
El CONEP insistió en la importancia de garantizar procesos legislativos participativos, transparentes y sustentados en análisis técnicos que permitan construir marcos normativos estables y consensuados, especialmente en temas que impactan a múltiples sectores productivos y a la ciudadanía.
La organización empresarial reiteró su llamado a que cualquier modificación a la Ley 225-20 sea discutida ampliamente con todos los actores involucrados, a fin de asegurar soluciones sostenibles y con el mayor nivel de consenso posible.