Santo Domingo. – La Conferencia del Episcopado Dominicano, a través de su Comisión Nacional de Pastoral de Ecología y Medio Ambiente, expresó su respaldo a las comunidades que defienden la preservación de las cordilleras Central y Septentrional, al tiempo que alertó sobre los riesgos que implicarían posibles proyectos mineros en estas zonas.
En un comunicado, la entidad señaló que apoya a quienes, de forma pacífica, promueven la protección de estos territorios, y llamó a las autoridades a escuchar las demandas ciudadanas.
“Nos unimos a la demanda de que estos territorios sean resguardados de actividades mineras, ya que pueden comprometer la integridad ecológica de estas zonas y perturbar su rol en el ciclo hidrológico del país”, indicó la comisión.
La Iglesia católica advirtió que su principal preocupación radica en el impacto que la minería podría tener sobre el agua, considerada un recurso esencial para la vida, la agricultura y los ecosistemas.
Según explicó, las cordilleras funcionan como grandes reservorios naturales que captan, almacenan y distribuyen el agua que alimenta ríos, acuíferos y sistemas de riego en gran parte del territorio nacional.
“Cualquier alteración significativa puede afectar la cantidad, calidad y disponibilidad del agua, impactando a las presentes y futuras generaciones”, sostuvo.
El organismo también alertó sobre los efectos propios de la actividad minera, que incluyen la remoción de suelos, el uso intensivo de sustancias químicas y la generación de desechos potencialmente tóxicos.
“La posible contaminación por metales pesados o sedimentos representa un peligro para las fuentes hídricas y puede modificar los cursos naturales del agua”, afirmó.
En ese contexto, citó como referencia la situación de la Presa de Hatillo, señalando que evidencia los impactos que pueden producir estas actividades.
El documento también retoma planteamientos del papa Francisco en su encíclica Laudato Si’, donde se establece que el cuidado de la “casa común” es una responsabilidad compartida.
“El acceso al agua potable y segura es un derecho humano básico, fundamental y universal”, recordó la comisión, citando el texto.
En ese sentido, consideró que proteger las montañas es una forma de garantizar ese derecho y de promover la justicia social.
La Comisión de Pastoral de Ecología reafirmó su compromiso con un modelo de desarrollo sostenible que equilibre el crecimiento económico con la protección ambiental.
Asimismo, exhortó a las autoridades y a la ciudadanía a fomentar un diálogo responsable que permita encontrar soluciones que prioricen la vida, el agua y el equilibrio de los ecosistemas.
“Invitamos a que se promuevan alternativas económicas que aseguren el bienestar presente sin comprometer el futuro”.