Santo Domingo, R.D. – La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) recomendó a la Contraloría General de la República abstenerse de registrar o aprobar pagos vinculados a más de 150 contratos adjudicados por el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie), como parte de tres procesos de licitación para la adquisición de utilería escolar.
La medida fue adoptada mientras se esperan los resultados de una investigación de oficio iniciada por la DGCP, que detectó indicios de irregularidades en las licitaciones públicas nacionales núm. INABIE-CCC-LPN-2024-0008, INABIE-CCC-LPN-2024-0010 e INABIE-CCC-LPN-2024-0012.
El órgano rector informó que el pasado 15 de mayo remitió a la Contraloría una comunicación con hallazgos preliminares que identifican a los proveedores involucrados en presuntas irregularidades. Estos contratos, señaló la DGCP, no deben ser registrados ni pagados hasta que se emitan decisiones finales.
Entre los hallazgos figuran prácticas anticompetitivas como la colusión, conflictos de interés entre empresas adjudicatarias y discrepancias en los domicilios registrados por los oferentes.
Asimismo, se identificaron adjudicaciones a empresas sin el rubro correspondiente en su Registro de Proveedores del Estado (RPE), inconsistencias en los criterios de evaluación, falta de claridad en los pliegos de condiciones y posibles omisiones en la publicación de información del proceso.
La DGCP detalló que entre el 24 de abril y el 27 de mayo de 2025 notificó a los proveedores adjudicados su derecho a iniciar un procedimiento de investigación para defender sus contratos. Hasta la fecha, solo 12 suplidores han ejercido su derecho de defensa.
“Vencidos los plazos para recibir los escritos de defensa esta Dirección General cuenta con un plazo de treinta (30) días hábiles para dictar los resultados preliminares de las investigaciones y notificar a la institución (Inabie), los funcionarios y las demás partes involucradas para que presenten sus argumentos definitivos de defensa, conforme lo dispone el artículo 224 del Reglamento de Aplicación aprobado mediante el Decreto Núm. 416-23”.
La DGCP anunció que en los próximos días emitirá los actos administrativos que contienen los resultados preliminares.
De forma paralela, la Dirección General de Contrataciones Públicas trabaja en coordinación con la Unidad Antifraude de la Contraloría General de la República en una investigación especial. Esta colaboración incluye entrevistas a personal de Inabie, peritajes e intercambio de información relevante del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas.
El objetivo es identificar posibles responsabilidades de los actores involucrados en los procesos licitatorios bajo escrutinio.
