SANTO DOMINGO.-El abogado Julio Cury aseguró que hay base constitucional seria para sostener que el reglamento de las encuestas de la Junta Central Electoral puede activar un juicio político contra los miembros de su pleno.
Dijo que en lugar de limitarse a desarrollar la Ley núm. 20-23, crea reglamentariamente en ilícito lo que el legislador permitió, lo que, en su opinión, lo agrava el exceso de prever sanciones para una conducta no tipificada como infracción por la ley.
“La potestad reglamentaria que el art. 212 de la Constitución le reconoce a la JCE no la convierte en legislador paralelo. Un reglamento puede complementar la ley dentro de los límites que ésta trace, pero nunca inventar el hecho constitutivo de la infracción ni su sanción”, sostuvo.
Dijo que, al invadir la competencia legislativa, disponiendo sobre una materia sometida a reserva de ley, la actuación de los miembros del pleno de la JCE subvirtió el orden constitucional, por lo que podría haberse configurado una falta grave susceptible de investigación congresual.
“Lo de ese reglamento no es un simple error interpretativo, por lo que el Congreso Nacional, en lugar de quedarse mirando, debería crear, en virtud de los arts. 93.2.e y 94 de la Constitución, una comisión especial para investigar quiénes votaron a favor del reglamento, qué objeciones constitucionales conocían, qué respuesta dieron a ellas y por qué decidieron transformar mediante reglamento una autorización legislativa en prohibición sancionable”.
Entiende que, si los miembros actuaron conscientemente, habría densidad suficiente para que se discuta si se configuró una falta grave.
“No estoy pidiendo que se prejuzgue ni que se destituya a nadie sin investigación. Estoy diciendo que cuando un órgano constitucional, por vía reglamentaria, convierte en ilícito lo que el Congreso declaró lícito, y luego activa su aparato sancionador sobre esa base, el Congreso Nacional tiene el deber institucional de averiguar cómo, por qué y bajo responsabilidad de quién ocurrió”, concluyó Cury.
