SANTO DOMINGO.- El abogado de la empresa Dekolor, Marino Feliz, declaró que esa entidad no puede pagar las prestaciones laborales de casi 400 empleados cancelados porque el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte le adeuda la suma de 735 millones de pesos.
Según explicó, la deuda millonaria es por servicios facturados, cuyos pagos, afirmó, estarían en manos de la fiduciaria del Fideicomiso de Movilidad y Transporte (Fimovit) y de la Fiduciaria Banreservas.
Feliz aseguró que Dekolor contaba con esos recursos para cumplir con sus compromisos pendientes, tanto con empleados como con suplidores.
Asimismo, sostuvo que los trabajadores no fueron desvinculados formalmente, sino que la empresa fue intimada mediante acto de alguacil a salir de las instalaciones del Intrant y a entregar los puntos de emisión de licencias en una fecha determinada.
Mientras que, Jochy Gómez, titular de la empresa Dekolor, afirmó que la paralización de las operaciones se produjo luego de que la empresa recibiera una comunicación en la que se le otorgaba un plazo de seis días para abandonar las instalaciones del Intrant y suspender el servicio de emisión de licencias de conducir.
Indicó que durante ese proceso se habría reconocido una deuda superior a los 700 millones de pesos a favor de la empresa y que se discutió la posibilidad de realizar una transferencia de aproximadamente 120 millones de pesos para cubrir compromisos inmediatos, incluidos pagos laborales.
«Cumplimos con el plazo para salir de las instalaciones, pero ese pago no se ejecutó«, señaló Marino Feliz.
Eso es mucha mentira a Dekolor sabía ya que la licitación la ganó otro empresa y se hicieron los locos , nosotros los empleados nos enterábamos por rumores , no por ellos como empresa fueron digno de informar lo que estaba pasando.
Todo el personal de DeKolor, queremos alzar la voz ante un grave abuso. La compañía, que ha salido de circulación, alega que INTRANT les debe un pago y, por eso, se niega a efectuar nuestras prestaciones. Sin embargo, los empleados de Dekolor nunca trabajamos directamente con INTRANT.
Las prestaciones debieron haberse previsto, pues desde antes ya se sabía de su situación legal. Es un abuso que, después de todo el tiempo brindando nuestro servicio, se nos deje fuera de estas políticas. Tal como lo afirmaron Jochy Gómez y Sandra Oruña, siempre se nos aseguró que todo estaría al día. Hoy, en el momento de la verdad, estamos sufriendo las consecuencias de una decisión que no nos corresponde. Exigimos que se nos pague, ya que sabemos que los fondos están y que es un deber con los empleados.