San Cristóbal.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos de la República Dominicana (CNDH-RD), junto a la Comisión de la Verdad, reiterará este viernes su reclamo de que sean investigados y, de comprobarse responsabilidades, sometidos a la justicia funcionarios y miembros del Cuerpo de Bomberos vinculados, según sus denuncias, con actuaciones relacionadas con el manejo y destrucción de la escena de la explosión ocurrida en San Cristóbal el 14 de agosto de 2023, tragedia que dejó al menos 47 personas fallecidas, entre ellas 12 desaparecidas.
Las organizaciones depositarán nuevamente ante la Procuraduría Fiscal de San Cristóbal el expediente, documentos y elementos de prueba que sustentan sus denuncias, con el propósito de reiterar las investigaciones y acciones judiciales que han reclamado en relación con el siniestro.
El presidente de la CNDH-RD, doctor Manuel María Mercedes, y Manuel Nina (Pacholy) estarán acompañados por abogados, miembros de las entidades, así como familiares y víctimas.
Durante la jornada, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, junto a la Comisión de la Verdad, también realizará una protesta frente a la sede del Ministerio Público para insistir en la necesidad de profundizar las investigaciones, esclarecer las circunstancias que rodearon la tragedia y determinar las responsabilidades correspondientes en torno al manejo de la escena y los hechos posteriores a la explosión.
Mercedes explicó que el nuevo depósito busca, además, dejar constancia formal ante la Procuraduría Fiscal de San Cristóbal de los elementos que la organización ha recopilado y presentado, de manera que no pueda alegarse desconocimiento de las evidencias y situaciones que, según afirma, ya han sido puestas en conocimiento de las autoridades.
Uno de los principales cuestionamientos de la CNDH-RD y la Comisión de la Verdad está dirigido al denominado “Informe final de investigación científica de incendios y explosiones”, fechado el 25 de agosto de 2023 y atribuido al capitán Francis Leonel Pérez, técnico del Departamento Técnico del Cuerpo de Bomberos de San Cristóbal.
Manuel María Mercedes sostiene que dicho informe presenta contradicciones que, a su juicio, deben ser investigadas, y cuestiona, además, las circunstancias en que fue elaborado. Como parte de sus argumentos, cita una certificación de fecha 5 de junio de 2025, firmada por la plana mayor del Cuerpo de Bomberos de San Cristóbal, incluyendo al coronel Juan Alberto Marmolejos López.
La CNDH-RD también reiterará su solicitud de que sean entrevistadas las víctimas y sus familiares, así como las personas que aparecen en los videos depositados ante las autoridades.
Entre las declaraciones que la organización considera de importancia figuran las del exalcalde de San Cristóbal, José Montás, y empleados del Ayuntamiento de esa ciudad.
Testimonios y traslado de escombros
Asimismo, la entidad solicitará que sea investigado el lugar donde fueron depositados los escombros de la tragedia y que sean entrevistados vecinos del vertedero municipal.
También plantea que sean investigados los choferes y propietarios de los camiones utilizados para transportar los escombros, debido a que, según Mercedes, podrían aportar información relevante sobre lo ocurrido durante el traslado.
El presidente de la CNDH-RD indicó que la documentación será entregada nuevamente a la Procuraduría Fiscal de San Cristóbal, particularmente para dejar constancia de que los elementos de prueba y las denuncias formuladas por la organización han sido formalmente presentados ante las autoridades competentes.
Mercedes agregó que este depósito también reviste importancia frente a las actuaciones judiciales relacionadas con el proceso seguido a Vidal Plast, debido a que, según sus declaraciones, durante dicho proceso se habría alegado desconocimiento de determinados elementos de prueba y circunstancias que la Comisión sostiene haber presentado ante las autoridades.
La organización defensora de los derechos humanos reiteró finalmente su reclamo de que, una vez comprobados los hechos denunciados, sean llevadas ante la justicia las personas que resulten responsables.
La petición incluye investigar a quienes participaron en la elaboración y firma del informe cuestionado, así como a los funcionarios que pudieran haber intervenido en decisiones relacionadas con el manejo y destrucción de la escena de la tragedia y cualquier eventual ocultamiento de pruebas, alteración o falsificación de documentos u otras irregularidades que puedan ser establecidas mediante una investigación oficial.
