Santo Domingo.- La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) dio a conocer este miércoles el informe ejecutivo con los resultados preliminares del exitoso proceso de amnistía fiscal dispuesto por la Ley 46-20 de Transparencia y Revalorización Patrimonial a través del cual se alcanzó una recaudación histórica de RD$29,020.8 millones (veintinueve mil veinte millones de pesos) desde su entrada en vigor hasta la fecha.
Del monto recaudado por esta ley, un total de RD$23,347.92 millones ingresaron en este año 2021. Al 31 de diciembre del año 2020 habían ingresado RD$5,672.85 millones por concepto de la misma legislación.
Es decir, en este 2021 se registró el 80.5 por ciento del total del recaudo por concepto de la Ley 46-20 mientras que, el restante 19.5 por ciento de los ingresos se registró en 2020.
El mes que ha registrado el mayor ingreso es julio del 2021, con un 21.9% del total recaudo por concepto de la Ley, esto puede explicarse por las prórrogas otorgadas por la administración tributaria a los contribuyentes para beneficiarse de la Ley 46-20.
Un total de 43,955 contribuyentes se vieron beneficiados al acogerse a las facilidades de la Ley 46-20 entre el 5 de marzo de 2020 y el 30 de noviembre de 2021.
Del monto recaudado, un 57.3 por ciento de los ingresos se corresponde a facilidades de pago, mayormente para los impuestos ITBIS, Impuesto Sobre la Renta Personas Físicas y Jurídicas y Activos; en tanto que, 16.0 por ciento es resultado de declaraciones de Impuesto Patrimonial Revalorizado y 26.7 por ciento por concepto de amnistía.
El Director General de la DGII, Luis Valdez Veras, destacó el papel fundamental que han jugado los servidores públicos de la institución durante intensas jornadas de trabajo para lograr dar respuesta a 96,961 solicitudes, de las cuales el 69.4 por ciento corresponde a facilidades de deudas, el 21.5 por ciento corresponde a solicitudes de amnistía y el restante 9.2 por ciento corresponde a transparencia y revalorizaciones de patrimonio.
Asimismo, agradeció el respaldo de las distintas asociaciones, gremios empresariales y profesionales que fueron parte vital para concluir de manera exitosa este proceso de amnistía tributaria que impactó de manera positiva en el cumplimiento de las metas recaudatorias de este año 2021.
Valdez Veras recordó que la actual gestión de la DGII se ha sustentado en el eje 1 del Plan Estratégico Institucional 2021-2024 de ser una administración tributaria cercana al contribuyente y que los resultados de esta política de puertas abiertas han impactado de manera positiva en la ejecución de cada uno de los planes y proyectos que ha puesto en marcha la institución.
Éxito histórico
El éxito de este proceso de amnistía fiscal es medible incluso si se compara con los tres procesos similares que antecedieron a este en la República Dominicana. En el año 2001 la Ley 11-01, tuvo un recaudo de RD$1,714.7 millones; en el año 2007 a través de la Ley 183-07, se recaudaron RD$3,529.5 millones y en el año 2012, la Ley 309-12 recaudó RD$5,586.0 millones en un periodo de cuatro años mientras que, el proceso de la Ley 46-20 se llevó a cabo en un año y ocho meses.
Sobre la Ley 46-20
La Ley 46-20 sobre Transparencia y Revalorización Patrimonial fue promulgada el 19 de febrero de 2020 con el objetivo de establecer un régimen tributario especial con carácter transitorio que permitiera a los contribuyentes declarar, revalorizar y efectuar el pago correspondiente, de manera voluntaria y excepcional, ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).
Sin embargo, hasta ese momento la acogencia a la ley era baja. Es a partir de agosto del 2020 cuando mediante una modificación que hiciera el Congreso Nacional se logró que la legislación resultara atractiva para los contribuyentes incluyendo en uno de sus artículos que, en caso de acogerse a la amnistía, el contribuyente podrá pagar un 3.5% sobre el monto promedio de los ingresos operacionales netos declarados para fines del Impuesto Sobre la Renta en los ejercicios fiscales 2017, 2018 y 2019. Estos ejercicios fiscales quedarían cerrados y no serán susceptibles de fiscalización alguna, siempre que no exista una previa resolución de determinación de la obligación tributaria notificada pendiente de pago o impugnada en sede administrativa o jurisdiccional, para cualquiera de esos ejercicios.
