SANTO DOMINGO. -El diputado del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Aníbal Díaz, calificó como una medida “abusiva” y “excesiva” que Donald Guerrero y José Ramón Peralta, imputados en el supuesto entramado de corrupción desglosado en la operación Calamar, guarden prisión preventiva al tiempo de considerar que ambos deberían estar en su casa.
El diputado por el Distrito Nacional expresó además que ambos exfuncionarios, de la pasada administración de Danilo Medina, tienen derecho a defenderse en las instancias judiciales correspondientes, así como bajo el criterio de la opinión pública, debido a que es un derecho.
Tiene derecho a defenderse, defenderse en las instancias judiciales y defenderse también en la formación de un criterio de opinión pública, ese es su derecho, y pienso que ambos deberían estar en su casa también, es una prisión que pienso en cuanto a Donald Guerrero y José Ramón Peralta, excesiva y abusiva”, dijo.
El legislador del partido de gobierno considero además que la medida que cumple tanto Guerrero como Peralta, consistente en 18 meses de prisión preventiva, en el Centro Correccional Najayo Hombres, en San Cristóbal, no corresponde con “el arraigo que ambos tienen”.
Asimismo, sostuvo que si bien tienen que responder ante la justicia, lo pueden hacer desde su casa, debido a que “no son delincuentes vulgares, ni tampoco implican un riesgo para nadie”.
“Creo que la justicia tiene que hacer justicia, tiene que ser prudente, sensata, en la vida todo tenemos que entender que la cosa cambia, todos somos agente de mutación, hoy estamos arriba, mañana estamos abajo no se puede abusar tampoco”, expresó Díaz.
En ese mismo tenor, deploró que, de acuerdo a los familiares de José Ramón Peralta, a este aún no se le haya interrogado ni se le haya dicho de qué se le acusa, siendo enfático en que la prisión que guarda es un “abuso”.
EL CASO
De acuerdo con el órgano persecutor, en el caso Calamar, en que figuran los exministros de Hacienda y de la Presidencia, así como el excandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo, tanto ellos como los demás imputados, “aprovecharon los conocimientos que tenían sobre el manejo de la administración pública para violentar procedimientos y cometer ilícitos penales”.
Estas acciones eran cometidas desde sus propios espacios de trabajo en el Ministerio de Hacienda, la Contraloría General de la República, la Dirección General de Bienes Nacionales, el Consejo Estatal del Azúcar (CEA), la Dirección General de Catastro Nacional, la Dirección General de Presupuesto y el Banco de Reservas.
