SANTO DOMINGO.-La Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales reiteró este viernes que, las estructuras encubiertas de corrupción carcelaria seguirán siendo desmontadas y los incidentes y disturbios que organicen serán enfrentados, y reducidos a la obediencia todos sus participantes y cómplices, «sin menoscabo de las acciones administrativas y judiciales adicionales».
La DGSPC se refirió a acontecimientos recientes «que evidencian la lucha campal que sostenemos contra la corrupción en el sistema penitenciario: requisas, motines, incidentes de resistencia por parte los delincuentes presos vinculados a la corrupción».
«No puede haber, ni aceptaremos presos dando órdenes a directores o a comandantes».
Reconociendo que dicha batalla no se ganará en un día, admite que la corrupción carcelaria ha sido históricamente estructural.
«La ganaremos enfrentándola en todos los terreros, con los delincuentes, con las familias cómplices y el personal detectado en corrupción. De manera abierta, ante todo el país y sin ocultar nada».
Agrega que, «Donde quiera que estén los atacaremos, los allanaremos y despojaremos de ilícitos, los acusaremos con nuevos cargos penales y pediremos condenas adicionales mientras adoptamos las medidas administrativas y disciplinarias internas pertinentes».
Igual -reitera- se continuará enfrentando y sometiendo a la justicia a los familiares cómplices que continúen intentando introducir drogas y otros ilícitos y/ o servir de correo de la violencia y la delincuencia.
A través de un comunicado, la Dirección General de Servicios Penitenciarios advierte que «en esta ofensiva se continuará el seguimiento al comportamiento diario del personal penitenciario a fin de sanear la institución, área por área y centro por centro».
Y, en ese orden, informó que en el primer semestre de este año las exclusiones de nómina de personal penitenciario, sometimientos a la justicia y apresamientos de personal sindicado en corrupción sobrepasó el medio centenar. En este segundo semestre proseguirá la limpieza.
«La educación y el trabajo obligatorios, que constituyen la única vía para intentar la rehabilitación de la población delincuente en las prisiones, sólo podrán alcanzarse cuando en cada centro penitenciario gobiernen sus autoridades legítimas».
