Santo Domingo.- El director del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor), abogado Eddy Alcántara, abogó por procesos judiciales más rigurosos para evitar que las personas acusadas de cometer delitos graves obtengan con facilidad la libertad provisional o definitiva.
Manifestó que el crimen organizado y la delincuencia del siglo XXI representan un desafío complejo, favorecido por la lentitud de las leyes, la corrupción institucional y el rezago tecnológico.
“Ante esta realidad los Estados democráticos deben responder con firmeza, sin renunciar a sus principios fundamentales”, precisó.
El funcionario consideró imprescindible introducir cambios en las normas procesales y leyes sectoriales, a fin de fortalecer la persecución, la sanción del delito y el crimen organizado.
Alcántara expuso sus consideraciones en la segunda edición del Congreso Internacional de Derecho, celebrado en Puerto Plata, bajo el lema “Estado constitucional, democracia y garantías fundamentales”.
Señaló que, aunque el país cuenta con un nuevo Código Penal que castiga conductas que antes no estaban tipificadas, “también debe prestarse atención al proceso previo a la sanción definitiva de los tribunales”.
Dijo que, para abordar estos aspectos, sería necesario revisar las normas procesales, particularmente, en lo relativo a los derechos individuales y colectivos.
«De manera que las agencias de vigilancia, protección, persecución y sanción del delito cuenten con garantías para ejercer sus funciones frente al crimen organizado y otras formas de criminalidad», indicó el también politólogo.
Explicó que los parámetros de sanción están contemplados en el nuevo Código Penal, pero cuestionó las libertades que, a su juicio, pueden derivarse de los procedimientos establecidos en la normativa procesal.
Señaló que el esquema actual puede generar condiciones que incentiven la comisión del delito, al establecer garantías que “equiparan a quienes no infringen la ley con aquellos que resultan afectados por acciones contrarias a la normativa”.
Planteó, además, que debe revisarse el papel de los responsables de la vigilancia, persecución y sanción del delito, de forma que la legislación los comprometa a actuar de acuerdo con las responsabilidades que corresponden a todo servidor público.
