La Haya (EFE).- El expresidente filipino Rodrigo Duterte ha comparecido este miércoles por primera vez en persona ante la Corte Penal Internacional (CPI) desde su detención en marzo de 2025, después de que su defensa haya insistido en que sufre importantes problemas cognitivos y de memoria que le impiden afrontar el juicio.
La primera imagen del expresidente filipino, de 81 años, llega durante una audiencia sobre el estado del proceso que llevará el próximo 30 de noviembre al inicio formal del juicio contra Duterte, acusado de crímenes de lesa humanidad durante su «guerra contra las drogas» como alcalde de Davao, primero, y presidente de Filipinas después.
Duterte, vestido con traje oscuro y camisa blanca, se sentó detrás de su equipo de abogados al inicio de la audiencia, que estará en marcha a lo largo de toda la mañana, y mostró una apariencia normal, sin signos externos evidentes de una salud frágil.
Se trata de su primera comparecencia presencial desde su detención el 11 de marzo de 2025 en Manila: al día siguiente fue entregado a la CPI, con sede en La Haya, y participó el día 14, por videoconferencia, desde el centro de detención, en la audiencia para confirmar su identidad.
En las numerosas vistas celebradas desde entonces, ha renunciado a su derecho a estar presente en la sala o seguir las sesiones por videoconferencia.
Según la Fiscalía, la campaña contra personas consideradas delincuentes o vinculadas con las drogas formó parte de un ataque «generalizado y sistemático» contra la población civil que causó miles de muertes.
Aunque Filipinas abandonó el Estatuto de Roma en 2019, la CPI mantiene su jurisdicción sobre los presuntos crímenes cometidos hasta el 16 de marzo de ese año, cuando la retirada del país se hizo efectiva.
La defensa centra el caso en su salud
La capacidad de Duterte para afrontar el proceso se ha convertido desde entonces en una de las principales estrategias de la defensa para frenar el caso y lograr la liberación del exmandatario filipino.
En un escrito presentado el pasado domingo, su defensa sostiene que el exmandatario sufre un «deterioro significativo de la memoria», que le impide retener información reciente y acceder de manera fiable a sus recuerdos, hasta el punto de que, según sus abogados, solo recuerda en ocasiones el nombre de su abogado principal.
La defensa argumenta que estas dificultades le impedirían comprender adecuadamente los cargos y el gran material probatorio, participar de manera efectiva en la preparación de su caso y dar instrucciones a sus abogados.
