Por Juan Valdez
Me parece metodológicamente incorrecto utilizar el prestigio académico del historiador Roberto Cassá como una especie de aval general de toda la serie de libros de Ciencias Sociales. La autoridad intelectual de un autor sólo puede respaldar las obras en cuya elaboración, revisión o validación haya participado efectivamente; no puede extenderse automáticamente a materiales producidos por terceros.
De los once libros de Ciencias Sociales aprobados para las escuelas públicas, únicamente tres —correspondientes a los últimos grados del Nivel Secundario— son atribuidos a Roberto Cassá y al equipo vinculado al Archivo General de la República. Aunque originalmente se les habría contratado para elaborar seis textos, finalmente sólo tres fueron aprobados, a través de la Ordenanza No. 02-2023. Por consiguiente, no resulta intelectualmente válido invocar el nombre y la trayectoria de Cassá para defender en bloque los otros ocho libros, salvo que pueda demostrarse que participó directamente en su elaboración o validación. Sería una indebida transferencia de autoridad académica: pretender que el prestigio de un autor legitime materiales que no son de su autoría.
Pero existe una cuestión todavía más importante: la calidad de un libro de texto no se determina exclusivamente por la exactitud de su contenido conceptual o disciplinar. Desde la teoría curricular, la didáctica y la edición educativa, un libro escolar es un dispositivo pedagógico complejo. Su calidad depende también de la organización y secuenciación de los aprendizajes, la adecuación al desarrollo cognitivo del estudiante, la calidad de las actividades, la progresión de competencias, la relación entre contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales, la evaluación, la legibilidad lingüística, el diseño de la información y la coherencia entre currículo, enseñanza y aprendizaje.
Precisamente ahí radica una parte sustancial de los cuestionamientos a la Serie Libro Abierto. El problema no es necesariamente una supuesta “distorsión de la historia”; el problema central es la calidad pedagógica, curricular, lingüística y editorial de los materiales. La presencia reiterada de errores sintácticos y lingüísticos, junto con una estructura editorial excesivamente uniforme entre textos destinados a grados, edades y niveles de desarrollo diferentes, constituye un indicador que merece una evaluación técnica independiente. Un libro para enseñar no puede juzgarse como si fuera simplemente una obra académica de consulta: debe demostrar que su arquitectura didáctica facilita efectivamente el aprendizaje.
A esto se agrega un problema institucional particularmente serio. Si, como se ha denunciado, estos materiales no fueron sometidos integralmente a los procedimientos técnicos de selección, evaluación, pilotaje y validación curricular establecidos en la Ordenanza No. 26-2017, que establece el Reglamento de Evaluación de los Medios y Recursos para el Aprendizaje, y si además las contrataciones fueron distribuidas grado por grado mediante mecanismos que evitaron una competencia efectiva entre propuestas editoriales, entonces se habría debilitado precisamente el sistema de controles que existe para proteger la calidad del libro escolar. La competencia no es una mera formalidad administrativa: permite comparar equipos autorales, propuestas pedagógicas, diseños editoriales, costos y estándares de calidad antes de comprometer recursos públicos y colocar un texto en manos de cientos de miles de estudiantes.
Esta fue la infame reacción del ex-ministro Ángel Hernández, cuando se le cuestionó sobre la evaluación y validación de los libros de texto. Desde entonces, se ha querido usar la reputación del autor Roberto Cassá para validar todos los materiales:
Por eso, la discusión no debe reducirse a si Roberto Cassá es o no un historiador prestigioso. Su trayectoria académica no está en cuestión. Lo que está en cuestión es un modelo de producción de libros escolares. Una excelente autoridad disciplinar puede producir o supervisar contenidos históricamente rigurosos y, aun así, ello no demuestra que toda una colección posea calidad curricular, didáctica, lingüística y editorial.
En consecuencia, la verdadera distorsión que debe investigarse no es solamente la posible distorsión de determinados contenidos históricos, sino la eventual distorsión de los procedimientos legales, curriculares, pedagógicos y editoriales diseñados para garantizar libros de texto de calidad. El prestigio de un autor no sustituye la validación curricular; la autoridad académica no sustituye la evaluación pedagógica; y ningún nombre, por respetado que sea, puede sustituir los controles de calidad y los procedimientos de contratación que debe observar la Administración Pública.
En síntesis: no se está juzgando la trayectoria de Roberto Cassá; se está evaluando la calidad de una política pública editorial. Y una política pública no se valida por el prestigio de uno de sus autores, sino por la calidad demostrable de sus materiales y por la legalidad, transparencia y rigor técnico del proceso mediante el cual fueron producidos, seleccionados y aprobados.
