Santo Domingo.-El presidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), Julio Virgilio Brache Álvarez, consideró que la decisión del presidente Luis Abinader de detener el proyecto minero Romero, en San Juan, debe asumirse como una pausa temporal para abrir un espacio de diálogo y revisión de los estudios ambientales.
Brache sostuvo que la AIRD siempre ha abogado por una minería responsable y respetuosa del medio ambiente, al tiempo que destacó que la actividad minera representa un eje importante para el crecimiento económico y las exportaciones del país.
“El Poder Ejecutivo ha tomado una decisión que entendemos busca aclarar los temas relacionados con el estudio de impacto ambiental”, expresó el empresario al referirse a las protestas desarrolladas en San Juan contra el proyecto de explotación minera.
El dirigente empresarial señaló que el sector minero ha realizado aportes significativos a la economía dominicana, poniendo como ejemplo las operaciones de Barrick Gold y su contribución a las exportaciones nacionales y al equilibrio de las finanzas públicas.
Indicó además que el contexto internacional, marcado por el aumento de los precios del petróleo y los combustibles, ha hecho más relevante el ingreso de divisas provenientes de la exportación de oro.
Brache explicó que la suspensión del proyecto de GoldQuest también tuvo repercusiones en los mercados internacionales, asegurando que las acciones de la empresa registraron una caída superior al 50 % en la bolsa canadiense, situación que obligó incluso a detener temporalmente las negociaciones de compra y venta de acciones.
Asimismo, afirmó que las protestas contra proyectos mineros han ocurrido en distintos países y consideró que el caso de San Juan debe manejarse mediante el diálogo entre las autoridades, las comunidades y los sectores involucrados.
“Esperamos que esto sea un impase momentáneo y que el proyecto pueda reactivarse responsablemente con el medio ambiente y con el respeto necesario que requiere toda actividad minera”, manifestó.
El Gobierno dominicano ordenó en mayo de 2026 la paralización inmediata del proyecto Romero, tras las manifestaciones de comunitarios y grupos ambientalistas que rechazan la explotación minera por considerar que pone en riesgo los recursos hídricos, la presa de Sabaneta y la producción agrícola de la provincia.