La Paz.- La situación judicial del expresidente boliviano Evo Morales se agravó luego de que la Fiscalía emitiera una nueva orden de aprehensión en su contra por su presunta vinculación con las protestas y bloqueos de carreteras que durante 53 días afectaron distintas regiones de Bolivia y exigieron la salida del presidente Rodrigo Paz.
El mandamiento fue dispuesto por el fiscal anticorrupción Brayan Melgar, de Santa Cruz, quien atribuye al exmandatario una supuesta participación en varios delitos, entre ellos terrorismo, alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado, atentado contra la seguridad de los medios de transporte, asociación delictuosa e instigación pública a delinquir.
Las acusaciones están relacionadas con las movilizaciones desarrolladas entre mayo y junio de 2026, cuando organizaciones sindicales, campesinas y sectores afines a Morales instalaron numerosos puntos de bloqueo en las carreteras del país. Las protestas tuvieron entre sus principales reclamos la renuncia del mandatario Rodrigo Paz y generaron dificultades para el transporte de mercancías, alimentos y combustibles.
Morales respaldó públicamente las movilizaciones, aunque ha rechazado haber participado en actividades delictivas. Tras conocerse la decisión de la Fiscalía, el antiguo gobernante calificó el proceso como una persecución política y sostuvo que las autoridades pretenden desviar la atención de los problemas económicos y sociales que atraviesa Bolivia.
La nueva disposición judicial aumenta la presión sobre el líder político, quien permanece en la región del Chapare, en el departamento de Cochabamba, uno de sus principales bastiones políticos y sindicales. Allí cuenta con el respaldo de organizaciones de productores de coca, circunstancia que hasta ahora ha complicado los intentos de las fuerzas de seguridad por ejecutar otras acciones judiciales en su contra.
Sobre Morales ya pesaba otra orden de aprehensión derivada de un proceso distinto relacionado con acusaciones de trata de personas y abuso sexual de menores por hechos que presuntamente ocurrieron durante su período presidencial. El exmandatario ha negado esas imputaciones y también las atribuye a motivaciones políticas.
Las investigaciones por los bloqueos, entretanto, se extienden más allá del expresidente. La Fiscalía de La Paz informó en julio que había abierto 114 procesos penales relacionados con las protestas, que involucraban a 335 personas, mientras 26 permanecían bajo detención preventiva.