La Secretaría de Asuntos Jurídicos de la Fuerza del Pueblo (FP) expresó su sentida preocupación por una reciente decisión del Tribunal Superior Electoral, mediante la cual esta jurisdicción especializada se atribuyó irregularmente competencia para conocer de una acción de amparo concernida a un conflicto inherente a un gremio profesional, como lo es el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD).
En esta dirección, el Secretario de Asuntos Jurídicos de Fuerza del Pueblo, Raúl Martínez, advirtió que la ciudadanía debe mantenerse vigilante frente a lo que calificó como “una conducta anómala y decepcionante, que cuestiona seriamente la credibilidad de esta jurisdicción especializada, en el momento en el que se avecinan las asambleas electorales de febrero y mayo.”
El órgano que congrega a los abogados que militan en la Fuerza del Pueblo expresó su desaliento por el olímpico desprecio al artículo 214 de la Constitución, al artículo 13 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior Electoral y a varias decisiones del Tribunal Constitucional, las cuales constituyen precedentes vinculantes que obligan a todos los poderes públicos.
“Resulta insólito que el Tribunal Superior Electoral se atribuya, por vía reglamentaria, competencias que desbordan sus atribuciones constitucionales y legales, al tiempo en que admitan conocer de una acción de amparo que nada tiene que ver con la protección de cualquier derecho fundamental, conforme lo ha establecido el Tribunal Constitucional”, afirmó Raúl Martínez, titular de la Secretaría de Asuntos Jurídicos de la Fuerza del Pueblo.
La errática postura de los jueces que integran el Tribunal Superior Electoral genera desconfianza e incertidumbre, por lo que la opinión pública debe mantenerse en estado de alerta, pues esta jurisdicción especializada es la responsable de dirimir los posibles conflictos jurídicos que puedan surgir del proceso electoral que se avecina, explicó el abogado y dirigente del partido que lidera el Dr. Leonel Fernández.
“Un Tribunal Superior Electoral que exhiba una conducta institucional que lastime su propia credibilidad, al invadir las competencias constitucionales y legales de otras jurisdicciones para intervenir en un conflicto gremial, se descalifica para arbitrar las controversias que podrían tener lugar en febrero y en mayo. Por tal motivo, entendemos que el país debe estar atento lo que ocurra con el proceso en el marco del cual se ha evacuado tan desafortunada decisión”, explicó Raúl Martínez.
Por último, la Secretaría de Asuntos Jurídicos de la Fuerza del Pueblo reiteró llamado al Gobierno del PRM, en el sentido de que debe desistir de su pretensión de controlar el Colegio de Abogados, violentando la decisión mayoritaria de la comunidad jurídica nacional, expresada en las últimas elecciones del CARD.
