Santo Domingo.- El Ministerio de Medio Ambiente dominicano afirmó que la estructura de generación eléctrica ubicada frente a la comunidad de Los Negros de Azua, en el sur del país, no está dentro del área protegida de los Manglares de Puerto Viejo, tal y como denuncian desde diversas organizaciones.
La barcaza eléctrica de la empresa Karadeniz Powerhip «se encuentra fuera del área protegida Manglares de Puerto Viejo, aunque sí se encuentra dentro de su zona de amortiguamiento», señaló la viceministra de Gestión Ambiental, Indhira de Jesús.
Esto, en respuesta a las acusaciones de habitantes de la zona y diversas organizaciones sobre la presunta ilegalidad en la emisión de la licencia para operar en ese lugar, donde confluyen, además, el Parque Nacional Francisco Alberto Caamaño y el Parque Nacional Sierra Martín García.
«Más allá de que todos debemos entender la necesidad que tiene el país de la producción energética», la licencia otorgada a la empresa Karadeniz Powerhip se emitió porque «el proyecto cumple con todos los procedimientos» establecidos en la Ley del Ministerio de Medio Ambiente y sus reglamentos.
Además, «el sitio cumple con los usos permitidos» por la Ley Sectorial de Áreas Protegidas y la Resolución que dispone la normativa para el manejo de las zonas de amortiguamiento de las Unidades de Conservación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (Sinap) del Ministerio de Medio Ambiente.
De Jesús indicó que «los técnicos del Ministerio tomaron en cuenta que, por su ubicación dentro de la zona de amortiguamiento», la estructura debía cumplir «requerimientos específicos condicionantes y más restrictivos que los que tendrían en otra ubicación».
Dichos requerimientos «condicionan la vigencia de la licencia emitida y son aceptados expresamente por el titular de la autorización» que, de violar cualquiera de sus disposiciones, se enfrentará a medidas sancionatorias.
Esto incluye «el retiro temporal o definitivo de la autorización otorgada, la demolición de obras e instalaciones ya construidas o el cierre de las operaciones, sin perjuicio de las demás acciones administrativas, penales o civiles que puedan caber en el marco de la ley y regulaciones ambientales vigentes», apuntó la funcionaria.
El Ministerio de Medio Ambiente «ejerce su labor de supervisión y mantiene los ojos y los oídos abiertos ante cualquier alerta de las comunidades, en forma directa o través de redes sociales o medios de comunicación porque nuestro personal tiene toda la disposición de hacer cumplir las normas», afirmó.
