Santo Domingo.- La Mesa de Diálogo por el Autismo denunció que este 5 de junio se cumplen tres años de la promulgación de la Ley 34-23 sobre Atención, Inclusión y Protección de las Personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA), sin que el Estado dominicano haya ejecutado aspectos esenciales de la normativa, pese a su impacto sobre miles de familias en todo el país.
La organización, coordinada por el periodista Fernando Quiroz, sostuvo que la ley fue promulgada por el presidente Luis Abinader el 5 de junio de 2023. Sin embargo, el reglamento de aplicación, pieza fundamental para hacer operativas sus disposiciones, fue emitido con retraso varios meses después mediante el decreto 403-24, del 24 de julio de 2024.
Entre los principales incumplimientos identificó la ausencia de una asignación presupuestaria específica para ejecutar la normativa, la falta de un registro nacional actualizado de personas y familias con autismo, la inexistencia de programas permanentes de formación de profesionales, la ausencia de una red nacional especializada de servicios y los obstáculos que continúan enfrentando muchas familias para acceder a educación inclusiva en condiciones adecuadas.
La Mesa recordó que en julio de 2025 el presidente Luis Abinader expresó públicamente que se procurarían recursos dentro del Presupuesto General del Estado para iniciar la ejecución de la ley durante el año 2026. Sin embargo, afirmó que las familias aún esperan conocer las partidas, programas y acciones concretas que permitan hacer realidad los derechos contemplados en la legislación.
Asimismo, sostuvo que las evaluaciones diagnósticas, terapias especializadas, consultas médicas y servicios de apoyo continúan representando costos inalcanzables para una gran parte de la población, convirtiendo en muchos casos el acceso a estos servicios en un privilegio reservado para quienes pueden asumirlos económicamente.
Dijo que la única excepción en favor de las familias ha sido el programa SeNaSa InTEgrA, con la limitación de que cubre solo a 3,000 niños hasta los 10 años. No obstante, consideró que esta iniciativa, aunque positiva, no sustituye las obligaciones integrales establecidas por la Ley 34-23.
“La República Dominicana tiene una ley y tiene un reglamento, pero miles de familias continúan enfrentando prácticamente solas los costos, la incertidumbre y las barreras que la propia legislación procura eliminar”, indicó la entidad.
La organización recordó que la Ley 34-23 asigna responsabilidades específicas al CONADIS, Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Educación, Ministerio de Trabajo, INAIPI, CONANI, CONAPE, CAID, Oficina Nacional de Estadística y a las instituciones que integran el Sistema Dominicano de Seguridad Social, incluyendo SeNaSa, las ARS y la DIDA.
También destacó que la normativa contempla mecanismos de protección social, ampliación de coberturas de salud, formación de recursos humanos especializados, registro nacional, inclusión educativa, sanciones por discriminación y centros de acogida para personas con TEA en condiciones de vulnerabilidad.
“Detrás de cada artículo que permanece sin aplicación hay una familia que sigue esperando respuestas. Hay padres que pagan terapias con enormes sacrificios, madres que desconocen qué ocurrirá con sus hijos cuando ya no estén, niños que enfrentan dificultades para ingresar o permanecer en centros educativos y personas con autismo que aún no reciben muchas de las garantías que la ley les reconoce”, expresó la Mesa de Diálogo por el Autismo.
Esperan respuesta
La entidad consideró que el presidente Abinader y las instituciones responsables tienen el deber de explicar al país las razones por las cuales una legislación de tan alto impacto social continúa sin alcanzar niveles significativos de ejecución tres años después de su promulgación.
La Mesa de Diálogo por el Autismo también expresó su esperanza de que la primera dama Raquel Arbaje, en su condición de presidenta del Gabinete de Niños, Niñas y Adolescentes, pueda interesarse en el seguimiento de la Ley 34-23 y contribuir a impulsar los mecanismos necesarios para su ejecución efectiva. La entidad consideró que el autismo constituye una causa humana y social que requiere la participación activa de todas las instancias vinculadas a la protección de la niñez y las familias.
Insistió en que, sin presupuesto, sin registro nacional de familias, sin formación especializada, con barreras en las escuelas y altos costos de diagnósticos y terapias, miles de familias viven en la desesperación.
Una de las mayores preocupaciones es que durante los últimos años se ha ralentizado la expansión de nuevas sedes del Centro de Atención Integral para la Discapacidad (CAID), institución que ofrece servicios altamente valorados por las familias, pero que enfrenta una demanda superior a su capacidad de respuesta.
Igualmente, la entidad advirtió que el país no está planificando ni formando la cantidad de profesionales especializados que requerirá en los próximos años para atender adecuadamente a una población cada vez más numerosa. Como ejemplo, citó que República Dominicana cuenta con apenas 19 psiquiatras infantiles para atender las necesidades de miles de niños y adolescentes.
La organización reiteró que la inclusión, la salud, la educación y la protección social de las personas con autismo no pueden seguir dependiendo exclusivamente de los esfuerzos económicos y emocionales de sus familias, sino que requieren la aplicación efectiva de una ley que ya existe y que fue concebida precisamente para garantizar esos derechos.