Santo Domingo,- Los gobiernos de Haití y la República Dominicana intercambiaron duras notas diplomáticas por las repatriaciones que están llevando a cabo la administración del presidente Luis Abinader en contra de indocumentados haitianos, principalmente de parturientas en los centros hospitalarios.
LO QUE DIJO HAITÍ
Este jueves el CPT condenó «con la mayor firmeza toda forma de discriminación y toda violación de los derechos fundamentales» de los que serían víctimas los haitianos que residen en la República Dominicana.
«Las condiciones en las que se están llevando a cabo las expulsiones de estos ciudadanos haitianos son especialmente preocupantes», afirmó el CPT en una nota publicada en su página de Facebook.
El máximo organismo de dirección haitiano instó a las autoridades dominicanas a «respetar los derechos humanos» de sus conciudadanos y a «dar prioridad al diálogo bilateral con vistas a encontrar soluciones duraderas, equitativas y respetuosas con la dignidad humana».
En la misma vía, el Consejo llamó a las autoridades haitianas competentes a que adopten todas las medidas necesarias para acoger a sus compatriotas repatriados en condiciones «dignas», conformes con los principios de los derechos humanos.
La Presidencia haitiana reafirmó su compromiso de «defender los derechos de todos los ciudadanos haitianos, de todas las haitianas, y promover una gestión humana y coordinada de la migración» entre ambos países.
GOBIERNO DOMINICANO RESPONDE
El Ministerio de Relaciones Exteriores de República Dominicana (Mirex) respondió este jueves al Consejo Presidencial de Transición (CPT) de Haití, afirmando que «ninguna nación puede ni debe renunciar a su derecho de proteger su integridad territorial».
A través de un comunicado, las autoridades dominicanas aseguraron que República Dominicana ha mostrado su disposición a colaborar con Haití, pero reiterando que toda nación tiene derecho de tomar las medidas necesarias para salvaguardar la paz, la estabilidad y la convivencia pacífica en su territorio.
Asimismo, el Mirex afirmó que República Dominicana ha adoptado su actual política migratoria debido a la crisis que atraviesa Haití, indicando que la posibilidad de que la violencia que afecta a la vecina nación se extienda a territorio dominicano constituye una «amenaza real muy grave», que requiere una respuesta «decidida y responsable».
Por tanto, reiteró el derecho soberano de República Dominicana de aplicar sus leyes migratorias de conformidad con su Constitución y su ordenamiento jurídico vigente.
Igualmente, en el referido comunicado se afirmó que las repatriaciones de haitianos en situación migratoria irregular se llevan a cabo «en el marco de la ley, con apego a los procedimientos establecidos».
«República Dominicana continuará combatiendo las redes de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes que vulneran los derechos de los más frágiles y perpetúan ciclos de violencia y explotación. Al mismo tiempo, reitera su voluntad de mantener un diálogo franco, respetuoso y orientado a soluciones duraderas con las autoridades haitianas y las instituciones intergubernamentales pertinentes», leía parte del referido documento.