Los Ángeles (EFE).- Hunter Biden, hijo del presidente estadounidense, Joe Biden, se declaró culpable de nueve cargos de evasión fiscal ante un tribunal de California para evitar enfrentarse a un nuevo juicio penal, aunque no está exento de una posible pena de cárcel por este caso.
La declaración de culpabilidad del hijo del mandatario se produjo poco antes de que comenzara la selección del jurado para un juicio en el que se le acusaba de no haber pagado aproximadamente 1,4 millones de dólares en impuestos federales durante un periodo de cuatro años, desde 2016 hasta 2019.
La decisión de Hunter Biden, que supone un giro sorprendente en el caso, fue tomada para evitar que su familia reviviera un segundo juicio en su contra, según dijo en un comunicado, pues el pasado junio ya fue declarado culpable en un caso de posesión de armas.
El hijo del presidente de EE.UU. permanecerá en libertad bajo fianza hasta el día de su sentencia, que está prevista para mediados de diciembre, ya concluidas las elecciones presidenciales de noviembre, según informó The New York Times.
Por este caso, se enfrenta a una pena máxima de prisión de 17 años y a una multa de hasta 1,3 millones de dólares, condena que podría sumarse a otra de hasta 25 años de cárcel en caso de ser declarado culpable por otro asunto pendiente.
A Hunter Biden se le imputaron nueve cargos, entre ellos la falta de declaración y pago de impuestos, y la declaración de impuestos falsa o fraudulenta, de acuerdo con los documentos judiciales.
Según la fiscalía, «gastó millones de dólares en un estilo de vida extravagante en vez de pagar sus impuestos».
La imputación está liderada por el fiscal especial David Weiss, el mismo que lo acusó a mediados de este año de tres cargos por haber ocultado sus adicciones al adquirir un arma en 2018.
Esta es la segunda vez que se cita al hijo del presidente en el banquillo después de que el pasado 2 de junio fuese declarado culpable por un tribunal de en Delaware de tres cargos de compra y posesión ilegal de un arma.
Por ese caso, que sentó un precedente en la historia de Estados Unidos al ser la primera vez que un hijo de un mandatario en activo era condenado, podría recibir una pena máxima de 25 años de cárcel.
